La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de haber integrado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 dirigió casi 100 millones de dólares en sobornos a diputados federales, entre los que destaca Ricardo Anaya, con el fin de aprobar la reforma energética.
Una investigación publicada por el portal Animal Político señala que ese presunto hecho se dio a conocer en las audiencias privadas del exsenador panista José Luis Lavalle Maury —preso en el Reclusorio Norte—, realizadas los días 8 y 12 de abril de este año.
De acuerdo con lo dicho por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia durante las audiencias, la asociación criminal conformada por Peña y Videgaray les permitió sobornar a los legisladores con al menos 97 millones 190 mil pesos.
Ese dinero, según Fuerte Tapia, procede de las transferencias ilícitas que hizo la constructora Odebrecht que al entregar el dinero siempre lo hacía en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos y a través de intermediarios durante 15 ocasiones.
Las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de cuatro personas más que supieron y/o participaron en las entregas del dinero a los diputados fueron la base de las pruebas de la Fiscalía.
Fiscales de la FGR confirmaron que después de que Lavalle fue vinculado a proceso, ahora preparan las imputaciones contra las demás personas señaladas ante el juez, menciona en su texto Animal Político.
Por su parte, el juez Fuerte Tapia afirmó que los datos existentes bastan para corroborar que Peña, Videgaray, Lavalle y el resto de los señalados integraron una organización delictiva que usó recursos de procedencia ilícita para pagar sobornos.