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Atenco, 16 años de represión y resistencia

Las acciones del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres se detuvieron desde octubre del 2019

A 16 años de las violaciones a derechos humanos registradas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.

Los delitos que se cometieron contra habitantes organizado de estos municipios fueron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura –incluida la tortura sexual contra mujeres– a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales.

Los antecedentes de la represión se ubican en el 2001. En ese año, el presidente Vicente Fox anunció la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se realizaría en terrenos agrícolas de Texcoco; pero diferentes organizaciones agrupadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se opusieron.

En el 2006, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Edomex, ordenó un operativo policial en San Salvador Atenco y Texcoco. El objetivo era detener el movimiento que se oponía a la construcción del aeropuerto.

Estado mexicano promete justicia, pero no ha llegado

El Estado mexicano se comprometió a garantizar la reparación, la justicia y la no repetición de los hechos. También, a cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, notificada en diciembre de 2018; pero la justicia no ha llegado.

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De hecho, la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde septiembre de 2019, la FGR ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.

La actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de la negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia –cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia– se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional; fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.

Por otra parte, preocupa de forma particular el retroceso e incluso la decisión de desacatar medidas de no repetición.

Tortura contra mujeres

Las acciones del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres se detuvieron desde octubre del 2019.

Las medidas relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes enfrentan serios retrasos e incumplimientos. Principalmente, por la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas.

“A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante, ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión”, señalaron las víctimas en un comunicado.

Uso de la fuerza

En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Edomex, el Estado mexicano comunicó a la Corte IDH su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento. Esto porque los órganos de control interno con los que se cuenta “cumplen con este propósito”; sin embargo, es inexacto, pues el observatorio ordenado por la Corte IDH precisamente busca que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. 

El desacato del Estado mexicano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacionalinstitución policial federal de carácter militarizado– y de los incidentes de abuso de la fuerza documentados recientemente durante protestas de mujeres en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y otros operativos. Esto remarca la importancia de atender las múltiples recomendaciones de contar con mecanismos externos de supervisión en el uso de la fuerza..

El plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años. Actualmente, este plazo ha finalizado únicamente con dos medidas cumplidas de las 9 ordenadas.