Con la liberación de Tomás Gabriel, indígena Otomí que permaneció injustamente preso por 13 años en el Estado de México, se evidenció que su situación no es un hecho aislado. El caso mostró las fallas del sistema judicial y la discriminación que enfrentan las personas de grupos vulnerables.
El Edomex es una de las entidades con más presos indígenas. De acuerdo con la base de datos de la Población penitenciara vulnerables y de origen extranjero, para mayo de 2025 se registraron 497 hombres y mujeres en prisión.
Ante esto, entrevistamos al abogado Antonio Lara Duque, del Centro Zeferino Ladrillero, quien asegura que puede existir una cifra negra sobre las personas presas identificadas como indígenas en el Edomex.
El número otorgado por autoridades federales puede ser más elevado, debido a que las instituciones no consideran la autoadscripción para reconocer a alguien como parte de un pueblo o comunidad indígena. Además, el especialista menciona que los datos de la CODHEM no se actualizan desde el 2021.
El Centro Zeferino Ladrillero y el colectivo Haz Valer Mi Libertad han identificado a cuatro injustamente presos, que ya están en proceso de amnistía. No obstante, Lara Duque afirma que se tiene una expectativa aproximada de 10 personas indígenas más que pudieron ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Aunque ya se documentó la existencia de esos casos, hasta el momento, no se han pronunciado.
El abogado diferencia tres procesos para solicitar una revisión de los posibles casos de injusticia. El primero es el amparo indirecto o directo. Es un juicio de garantías que tendría que tener mayor preparación técnica por parte de las autoridades jurisdiccionales para proteger los derechos del preso.
El segundo es a través de la Fiscalía estatal, la cual debe reconocer los derechos de las personas y hacer una investigación adecuada de cada caso.
Por último, la amnistía, que está dirigida especialmente a grupos vulnerables o personas con condiciones sospechosas de discriminación. A través de la CODHEM, los presos deben ser más protegidos por ausencia de instrumentos legales adecuados para su caso.
Aunque este proceso no es exclusivo de las personas indígenas, el Centro Zeferino Ladrillero y el colectivo Haz Valer Mi Libertad solo trabajan cuatro casos a través de amnistía. Entre ellos están el de los hermanos Lorenzana, indígenas de Oaxaca, y el de Tomás Martínez Mandujano, indígena otomí.
A pesar de ya contar con esta medida legal que exige al Estado la liberación inmediata de los injustamente presos, las inercias institucionales han derivado en obstáculos que impiden avances en los casos. Estas se reconocen como el trabajo al que está impuesta la institución, que la indispone a reconocer errores.
El colectivo Haz Valer Mi Libertad también ha identificado estas faltas en nueve casos a través de la Fiscalía del Edomex.
María Félix Peña García es madre de Miguel Ángel Juárez Peña y abuela de Jorge Daniel Juárez Vargas. Cuando se disponían a levantar un acta por robo, ambos terminaron siendo los victimarios. Su nieto fue acusado por cohecho y daños contra la salud. Su hijo fue arrestado por levantar la voz al gobierno ante la injusticia y llevado ilegalmente a Veracruz desde hace cinco años.
Pero los casos irregulares de Miguel y Jorge no son los únicos por los que lucha el colectivo Haz Valer Mi Libertad.
“Cuatro compañeros están en penales federales: dos de Nayarit, uno en Guanajuato y el de Perote, Veracruz, que es mi hijo. Ellos están acusados por homicidio, a 55 años sentenciados. Y aquí seguimos levantando la voz”, menciona María.
Eduardo Rebollo Silvestre era un taxista y mesero que trabajaba para solventar a su esposa y su pequeño hijo. Ahora, se encuentra en Guanajuato, sentenciado a 70 años por secuestro. Su madre, María Guadalupe Silvestre, lucha para que le devuelvan a su hijo y le otorguen la libertad.
Del mismo modo, Edith Rivas alza la voz por su hermano, David Gregorio Paz Rivas, injustamente preso desde 2015 por homicidio y trasladado a Nayarit. A pesar de salir negativo en una prueba rodizonato que acreditaba su inocencia, las autoridades le negaron su libertad.
Debido a las injusticias, Haz Valer Mi Libertad asegura que continuará con el plantón hasta obtener la mesa de diálogo que exigen con el fiscal general José Luis Cervantes para que resuelva cada uno de los casos.
“Tenemos pruebas científicas que avalan la inocencia de cada uno de nosotros y no nada más un dicho, como ellos, que encarcelaron a todos nosotros por un dicho, por un simple señalamiento”.
Irregularidades y deficiencias en el sistema judicial
Tener la presencia de un intérprete es uno de los elementos más importantes para realizar un proceso justo con una persona indígena presa. Lara Duque menciona que este «no solamente es un traductor”, ya que debe facilitar la comunicación para que la persona indígena comprenda el proceso penal que está pasando. Por ello, el intérprete debe ser parte de la misma comunidad indígena y tener la misma cosmovisión que el acusado.
Además, la carencia de defensores públicos con conocimientos en derechos y cultura indígena ha dificultado que se imparta justicia. Así como la falta de perspectiva intercultural en el proceso judicial, para que se le permita al acusado conocer el caso, las circunstancias, el contexto y las condiciones socioeconómicas.
Para el abogado Lara Duque, los errores judiciales deben traducirse en sanciones administrativas, multas y reparaciones del daño.
La posibilidad de estas últimas solo se puede a través de un juicio, para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, aunque las instituciones “hicieron un menoscabo en la economía” de las personas injustamente presas, el especialista asegura que en México son reacios a otorgarla, debido a que representan “recursos perdidos”.
Por ello, señala que aún queda un amplio camino por recorrer para mejorar los mecanismo de control de las instituciones judiciales y evitar que se repiten las violaciones a los derechos humanos.
Síguenos