Skip to content Skip to footer

Pide PRD “desclasificar” caso Tlatlaya

En torno al caso Tlatlaya, donde muerieron 22 personas en San Pedro Limón el pasado 30 de junio, el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiqense, adelantó que solicitará al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) desclasificar los datos “reservados” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el legislador la información que surja de este caso debe ser revelada ya que es de interés púbico ahora que las tareas de seguridad ciudadana se encuentran en manos de la milicia, subrayó que se debe transparentar y no ocultar nada durante los 9 años que el gobierno mexiquense sugiere esperar.

El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), insistió en que no basta con juzgar en la Corte Militar por delitos contra las normas internas a los elementos del Ejército presuntamente involucrados, pues en este caso se cometieron ilícitos de carácter civil y los alcances de las sanciones deben extenderse a las autoridades superiores porque resulta ingenuo pensar que mandos medios y superiores no se encontraran enterados de los hechos.

Asimismo, Martínez Vargas pidió que de corroborarse ahora la versión militar en el sentido de que los jóvenes abatidos eran integrantes de un grupo guerrillero que opera en la zona, entonces sugiere que se incurrió en represión y esta conducta, dado que atenta contra la sociedad, también debe sancionarse.

Consideró además que la entidad mexiquense se encuentra ya muy cerca de la ingobernabilidad, de seguir con el disfraz de que todo está en orden y no hacer nada por corregir la estrategia de combate a la delincuencia.

Por su parte, el escritor y periodista Francisco Cruz Jiménez, autor de Tierra Narca, asegura que los militares tenían la idea de que los civiles abatidos aquel 30 de junio pertenecían al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP) y por eso los asesinaron.

Ante esto, el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA), que se alimenta con información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) admite que las FAR-LP operan en más de 20 municipios del país, principalmente en los estados de México, Guerrero y Michoacán, desde finales de 2013.

Este grupo ya había denunciado políticas de represión por parte de la administración del presidente Enrique Peña contra las organizaciones sociales, asesinatos, encarcelamiento de activistas y represión contra maestros disidentes y normalistas.