Autoridades de seguridad, movilidad y ayuntamientos implicados en la movilización de contingentes que “acompañaron” al presidente Enrique Peña en el grito el pasado 15 de septiembre, deben ser investigados para que aclaren de dónde salieron los recursos para dichos traslado, palabras del secretario general del PRD Estado de México, Octavio Martínez.
El perredista apuntó que el comisionado de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente, se encuentra obligado a explicar las razones que lo llevaron a emplear elementos de su corporación y de los CUSAEM para custodiar hasta el DF, pues implica un descuido sus obligaciones, por tanto, faltó a la encomienda por la que los mexiquenses le pagan.
Entre los escoltas, indicó, también se enlistaron elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), quienes antes de ser asignados a este tipo de tareas, deberían aclarar la situación jurídica que los rige, pues sus agentes y los recursos que maneja son empleados como mejor conviene a la administración estatal, de tal manera que a la fecha se desconoce cuál es su régimen y, sobre todo, el destino de los dineros que ingresan.
A la par, destacó, es necesario pedir cuentas a la Secretaría de Movilidad para eliminar las suspicacias en el sentido de que los transportistas que trasladaron a los asistentes tendrán alguna prebenda a cambio.
La misma petición va hacia los ayuntamientos que contribuyeron con el traslado -como Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, Toluca, Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Lerma, por mencionar los que han salido a la luz-, advirtió, también deben aclarar si no incurrieron en ninguna irregularidad.
En el caso específico de Coacalco, donde incluso se hizo público un oficio en el que se amenaza a los empleados con sanciones por no acudir al evento, Martínez Vargas consideró que la investigación y sanción son eminentes, de tal manera que resultaría poco ético oponer resistencia.
El uso de ambas corporaciones con otros fines, advirtió, no es menor; no se puede descartar que se traduzca en un asunto de desvío de recursos públicos, por lo que es necesario que el funcionario explique este fenómeno o, si la opacidad persiste, que se investigue.
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