Tras la publicación del reportaje de la agencia de noticias internacional Associated Press (AP) y que fue retomado por diferentes diarios de Estados Unidos, donde se plantea la posibilidad de que las 22 personas muertas el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya fueron fusiladas por el Ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento como se manejó en la versión oficial, activistas exigen al gobierno federal aclarar los hechos.
Periodistas de AP visitaron el lugar de los hechos donde aseguran que solo se ven “marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, publicó.
Tras su visita , la agencia afirma tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano fusilaron a los 22 presuntos delincuentes; pues es de llamar la atención que únicamente las bajas hayan sido del lado de los criminales y que del lado de las fuerzas federales solo uno de sus elementos resultara herido.
Tras esta versión, la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro Bahena, cuestionó los hechos.
“Estamos esperando un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento en el cual el Ejército mató a 22 civiles armados y sólo sufrió un herido. No se han presentado evidencias”, dijo a la agencia de noticias de Rusia RIA Novosti.
“Aún se ignora en realidad qué ocurrió. El saldo de muertos lo convierte en uno de los enfrentamientos más grandes de los últimos meses. La versión oficial indica que se trató de una llamada de auxilio porque había tres mujeres secuestradas”, explicó. El caso resulta alarmante no sólo porque es la entidad que gobernó el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que durante los últimos meses –en la administración de Eruviel Ávila Villegas– ha repuntado en todos los delitos de alto impacto, según han denunciado diversos grupos civiles en varias ocasiones, pero del que no existen cifras claras de los índices de violencia.
De acuerdo con el portal de noticias Sin embargo, en mayo pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal detalló –en su informe La Inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país– que existe una manipulación de datos para simular una incidencia menor de homicidios de la que realmente existe.
El presidente del organismo, José Antonio Ortega Sánchez, expuso lo dudoso del paisaje estadístico en materia criminal a partir de 2006, precisamente el año en el que Peña Nieto se convirtió en Gobernador de la entidad y explicó que se “maquillaron” datos para la fabricación del personaje político.
“Nos lo trataron de vender como alguien exitoso en todos los ámbitos. También en el problema de seguridad pública.
Alguien le aconsejó hacer este maquillaje, esta fabricación”, dijo. Sin embargo, el caso de Tlatlaya, evidenció que la política de disfrazar hechos violentos no ha cambiado con el actual gobierno.
AP agrega en su reportaje que médicos forenses del Estado de México que hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a dirigirse a la prensa, dijeron que los muertos eran en su mayoría jóvenes de 16 a 24 años, y que eran del vecino estado de Guerrero.
Agregó también que “era el hogar de una banda de narcotraficantes, conocida como Guerreros Unidos, que al parecer está luchando contra el cártel de La Familia Michoacana por el control de rutas de la droga que salen de Michoacán”. Especialistas en materia de seguridad han coincidido que el repunte de violencia en el Estado de México se debe a la guerra por el territorio entre organizaciones contrarias.
Erubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, comentó, en marzo pasado, que “gran parte del problema de la violencia que se vive en el Estado de México tiene que ver con la disputa de territorio entre grupos del crimen organizado” la cual, explicó, se tienen registrada desde hace ocho o seis años atrás.
Es decir, desde que el Presidente Enrique Peña Nieto administró el estado mexiquense.
El especialista en Seguridad Nacional explicó que otro factor por el que hay mayor violencia en el Edomex se debe a “la estrategia anticriminal del gobierno, tanto del pasado [con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa] como con la actual administración federal. El asentamiento de los criminales que salen en desbandada de otros estados y se asientan en otros”; es decir, se produce el “efecto cucaracha”.
(Con información de AP y Sinembargo)