Mercedes Martínez
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A través de un pronunciamiento, integrantes de la Colectiva Lunas de Tlalnepantla reprobaron que autoridades y medios de comunicación filtraran y publicaran imágenes sensibles donde se mostraron pertenencias, identificaciones oficiales y partes humanas, posiblemente pertenecientes a Reyna González, así como a otras mujeres que posiblemente fueron víctimas de feminicidio a manos de Andrés N, un hombre de 72 años que se encuentra preso en el Penal de Barrientos.
«Exigimos a la Fiscalía del Estado de México, al Gobierno de Ruth Olvera y a los medios de comunicación sin ética profesional que dejen de vulnerar a las víctimas y a sus familias a través de la difusión de imágenes que muestran pertenencias personales así como documentos oficiales de las víctimas», informó la Colectiva feminista.
Además, sus integrantes exigieron que «la Ley Ingrid se aplique con todo su peso a los funcionarios y periodistas que hicieron mal uso de estas fotografías».
Exhortaron a medios de comunicación y periodistas a «retirar dichas fotografías, dar una explicación y, también, una disculpa pública por la filtración a medios amarillistas que exponen los más de 20 feminicidios como un espectáculo, ya que este tipo de imágenes vulneran y violentan a las víctimas directas e indirectas».
De igual forma, recordaron que «los feminicidas no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado; son el vivo ejemplo que demuestra cuánto nos odian», tal como se lee en el pronunciamiento.
Ley Ingrid en Edomex
Actualmente la Ley Ingrid está activa en la Ciudad de México. El 12 de marzo pasado, integrantes de la Cámara de Diputados del Estado de México presentaron la iniciativa para implementar dicha ley en la entidad mexiquense.
Propusieron reformas para establecer penas de prisión en contra de quien videograbe, fotografíe, difunda o comercialice imágenes, videos, audios archivos o información de víctimas relacionadas con una carpeta de investigación en trámite, con el lugar de hechos de violencia contra alguna mujer adulta, además de establecer agravantes cuando se trate de menores de edad y sea cometido por personas servidoras públicas.
Hasta la fecha, la ley no ha sido aprobada.
La propuesta mexiquense plantea de 3 a 6 años de prisión por estas conductas, y de 8 años cuando se trate de cadáveres o parte de ellos; además de la inhabilitación de los funcionarios responsables.