El Senado de la República aprobó en lo general el llamado “Plan B” de la reforma electoral el pasado 25 de marzo, con el respaldo de legisladores de Morena y sus aliados, en medio de la oposición del PRI y PAN, cuyos representantes votaron en contra de las medidas orientadas a reducir privilegios en el sistema político.
En el caso del Estado de México, los senadores de Morena, Higinio Martínez Miranda y Mariela Gutiérrez Escalante, votaron a favor del dictamen, mientras que Enrique Vargas del Villar (PAN) y Cristina Ruiz Sandoval (PRI) lo hicieron en contra.
Oposición rechaza recortes sin sustento técnico
El bloque opositor, integrado por PRI y PAN, justificó su voto en contra con argumentos políticos y calificativos, sin presentar evidencia técnica sobre los impactos negativos de la reforma.
Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, descalificó la iniciativa con comparaciones internacionales y señalamientos políticos, sin sustentar con datos concretos los riesgos que mencionó. En la misma línea, el PAN reiteró su rechazo bajo un discurso general sobre defensa democrática.
Este posicionamiento ocurre en un contexto donde el PRI enfrenta una creciente pérdida de respaldo ciudadano y cuestionamientos sobre su papel como oposición efectiva.
Morena defiende reducción de gastos y privilegios
Desde Morena, los legisladores mexiquenses respaldaron la reforma al considerar que introduce ajustes necesarios para disminuir el gasto público y eliminar estructuras burocráticas excesivas.
Entre los principales cambios se encuentran:
- Reducción de regidores en ayuntamientos
- Disminución del gasto en congresos locales
- Tope salarial a funcionarios electorales
- Ajustes administrativos en órganos electorales
Higinio Martínez señaló que quienes votaron en contra deberán asumir la responsabilidad de frenar estos cambios, mientras que Mariela Gutiérrez destacó que la reforma busca una representación más eficiente.
Aprobación parcial y reservas clave
El dictamen fue aprobado con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría requerida en el Senado.
Uno de los puntos que no prosperó fue la modificación a la revocación de mandato, tras desacuerdos incluso dentro de aliados como el Partido del Trabajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el avance parcial de la reforma, aunque lamentó que no se incluyera este punto, al considerar que su rechazo limita el alcance de los cambios propuestos.
Un debate que refleja la disputa por el modelo electoral
La discusión sobre el “Plan B” expone dos visiones contrapuestas: por un lado, una propuesta de austeridad y ajuste institucional; por otro, una oposición que rechaza los cambios sin articular alternativas concretas.
En este escenario, el voto del PRI y PAN se posiciona como un freno a medidas orientadas a reducir el gasto político, en un momento donde amplios sectores sociales demandan mayor eficiencia y menos privilegios en la función pública.
¿Qué sigue tras su aprobación?
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen debe continuar el proceso legislativo correspondiente. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere el aval de la mayoría de los congresos estatales para su validez, los cuales votan por separado en sus propias sesiones.
Una vez que se alcance ese respaldo, se emitirá la declaratoria de validez y posteriormente se publicará para su aplicación oficial.
En este escenario, la aprobación del “Plan B” en lo general representa un avance parcial de la reforma electoral, con ajustes importantes en materia de austeridad, pero dejando fuera uno de los puntos más controvertidos: la revocación de mandato.
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