El Estado de México podría ser la primera entidad en el país que cuente con un Registro Público de Agresores Sexuales, en el que las personas sentenciadas por delitos de carácter sexual permanezcan exhibidos entre 10 y 30 años, si la Legislatura aprueba la propuesta de Morena para reformar varias leyes.
Los diputados Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales buscan que se cree por ley este Registro, igual que se hace en Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Perú, como medida de seguridad y protección a la comunidad.
Y aunque no lo dice, de manera paralela se podrá usar con fines electorales, para identificar a los agresores sexuales y no permitirles ser registrados como candidatas, ni candidatos a ediles, diputados o a la gubernatura mexiquense.
Aunque la ley ya lo menciona, no existe un listado o lugar específico donde el Instituto Electoral pueda consultar si las o los aspirantes a candidatos tienen sentencias por violencia sexual o son deudores alimentarios; por lo cual en esta ocasión deberían confiar en el dicho del aspirante, a menos que ya esté listo el registro en abril, cuando deben dar el visto bueno a los listados de candidatos y candidatas.
Para que este Registro se pueda conformar, se plantean propuestas de reformas y adiciones al Código Penal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la entidad y se prevén medidas de apoyo a la víctima para que el agresor no se acerque; así como la obligación de las autoridades de instrumentar acciones de prevención de la violencia.
El Registro estaría conformado por personas con sentencia firme, garantizando el uso correcto de datos personales, el respeto a la privacidad y el uso adecuado de la información, a partir de la orden de un juez, quien tomaría en cuenta la reincidencia y gravedad del caso para definir cuánto tiempo debería permanecer exhibida la persona, pero no podría ser menos de 10 años, ni más de 30.
El documento aclara que aun cuando se repare el daño y se indemnice a la víctima o víctimas, la persona agresora no podrá salir del Registro hasta que lo ordene un juez, a petición del agraviado que tenga cargos por lenocinio, trata de personas, pornografía, acoso y hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, feminicidio con contenido sexual, entre otras conductas relacionadas por delitos sexuales.
La iniciativa turnada a las comisiones de Legislación Municipal, Administración y Procuración de Justicia y Derechos Humanos, señala que cuando hay delitos cometidos con violencia de género no pueden otorgarse sustitutivos penales, ni tampoco sacarlos del Registro Público de Agresores Sexuales.
Este Registro sería operado por las secretarías General de Gobierno y Seguridad, a partir de la información que les proporcione en Poder Judicial y solo se podría reducir su estancia cuando la persona compruebe que ha tomado cursos de manejo de ira, sensibilización, perspectiva de género u otros que ayuden a evitar su reincidencia.
Este tipo de leyes, plantean los diputados Tanech Sánchez y Margarito González, son necesarias para la no repetición de estos eventos y una vida libre de violencia, sobre todo en una entidad con dos alertas por violencia de género, donde se registran 7.57 violaciones por cada 100 mil habitantes y otras tantas no se denuncian.
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