Los números no pueden ser más contundentes: en los primeros años del presente sexenio el número de mexicanos que viven en la pobreza se incrementó en dos millones de personas. La cifra la confirmó el Coneval esta semana y resulta consistente con la tendencia que se ha mantenido en el país en las últimas dos décadas, según lo documentó la OCDE en su “Diagnóstico de desarrollo territorial de México”, publicado hace dos años.
De acuerdo con el “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016” que acaba de publicar el Coneval, 46.2% de los mexicanos son pobres. Así es, prácticamente la mitad del país. Este porcentaje se ha mantenido en ese mismo rango, por lo menos, desde mediados de los años noventa. Y, según lo indicó la OCDE, a estas alturas del siglo XXI México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de pobreza.
Se trata, pues, de un indicador clarísimo de que las políticas públicas puestas en marcha para combatir la pobreza sirven para cualquier otra cosa menos para sacar de esa condición a millones de personas. En efecto, si los miles de millones de pesos que año con año se designan para ese fin, a través de decenas y decenas de programas federales, estatales y hasta municipales, no han podido impedir que la gente viva en la pobreza es que algo no está funcionando como debiera.
A mi me parece muy claro que los programas gubernamentales diseñados para enfrentar el problema de la pobreza no piensan en ésta como una consecuencia de las condiciones en que se distribuye la riqueza en el país, sino que piensan en “los pobres” y se dicen prestos para ayudarlos. Y así es como nos hemos pasado décadas entregando despensas, becas, pensiones, materiales de construcción, enseres domésticos e infinidad de cosas (con mucho mayor denuedo en tiempos electorales), pero ello sólo es asistencia, son programas mayoritariamente asistencialistas (y se vienen más, con promesas como la del “salario rosa”). Pero se mantienen intocados los obstáculos que enfrenta toda esa gente para acceder de manera permanente a bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. La razón es que México es una nación profundamente desigual, de hecho la segunda más desigual de los 34 estados miembro de la OCDE, sólo después de Chile, según el informe ya aludido antes.
De acuerdo con lo que enseñan los principios de la macroeconomía, la suma del esfuerzo productivo de todo un país se mide con el denominador de Producto Interno Bruto (PIB). Eso significa considerar en su conjunto a todos los bienes y servicios que están disponibles para el consumo de la población cada año. Pero el hecho de que estén disponibles no significa que todos puedan acceder a ellos, así es que la otra medición que ocupan los economistas, que es el Producto Interno Bruto Per Cápita (que resulta de dividir el PIB entre el número de habitantes), resulta sólo una ilusión, un promedio que algunos utilizan para maquillar las desigualdades.
La pobreza se entiende como la carencia de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas; y se vincula, en principio, con el Producto Interno Bruto Per Cápita (PIBPC): que significaría que a mayor disponibilidad de bienes y servicios por persona en un país la pobreza debería ser menor. Sin embargo, esta relación no es tan simple, pues en toda sociedad la parte del PIB que corresponde a cada quien depende de cómo se distribuye el ingreso, que es la llave que da acceso a los bienes y servicios disponibles en el mercado. ¿Cómo se distribuye el ingreso hoy en México? De manera inequitativa: no reciben más quienes más trabajan, sino quienes están “mejor colocados”. Un campesino por supuesto que trabaja mucho más que yo, pero recibe a cambio un ingreso mucho menor. Un obrero claro que trabaja más que el secretario particular de un presidente municipal, pero recibe un menor sueldo. Un vendedor ambulante seguro trabaja más que un asesor de imagen de X personaje, pero sus ingresos son abismalmente diferenciados.
Dado el grado de especialización del trabajo que ha alcanzado nuestra sociedad es imposible pensar en que todos quienes laboren reciban lo mismo, sobre todo porque los esfuerzos también son distintos: estudiar, profesionalizarse, emprender, gestionar son actividades que devienen en “recompensas” también distintas; pero precisamente para ello es que la labor del Estado tiene que ser re-distributiva. No para entregar dádivas a quienes tienen menos ingresos, sino para hacer que ese factor (ganar menos) no les prive de bienes y servicios como la salud, la educación, la seguridad, la diversión, etc.
Pobre de lo pobres si seguimos pensando en ellos como personas que necesitan ayuda y no como connacionales que tienen los mismos derechos, lo cual nos obliga a organizarnos de tal forma que los puedan ejercer de manera plena, independientemente de su ocupación o rol social.
Síguenos