En el Estado de México 70 por ciento de la población que se trasladada utiliza el transporte público, pero a la marcha contra el alza asistieron menos de un centenar de personas. Y no es que estén de acuerdo con el alza, al menos eso es lo que comentó una mujer que estaba esperando el autobús en Rayón y Morelos, sino que estaba ocupada y, dijo, no podía sumarse.
El jueves pasado, la Secretaría de Movilidad acordó con los transportistas un aumento de 12 pesos a la tarifa, por lo que ésta pasará de 10 a 12 pesos, a partir del 1 de enero; en términos reales, el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional.
Así, mientras en Juárez un camión sacaba por el escape humo negro, y las personas en las paradas del autobús miraban con cara de fastidio el pequeño contingente que retrasaba la llegada de su transporte, colectivos de ciclistas, organizaciones civiles de movilidad y feministas del Estado de México marchaban para reprobar el alza a un servicio que, coincidieron, no es eficiente, y no brinda las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.
Es en el Estado de México donde los niveles de delincuencia del trasporte público se han disparado de una manera alarmante; 7587 denuncias se han presentado por robo al transporte público colectivo de enero a octubre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
En el contingente, los pocos integrantes de la marcha cerraron toda la calle y caminaron hasta la avenida Lerdo, donde cerraron la circulación y dieron lectura a dos pronunciamientos, elaborados con anterioridad, en los que, en términos generales, se rechazaba el alza y se exigían condiciones adecuadas y de seguridad para los usuarios.
Entre los participantes de la marcha se observaba cierta división, pero los representantes de los grupos coincidieron en que los ciudadanos son quienes pagan las decisiones arbitrarias de la Secretaría de Movilidad; se habló asimismo de los privilegios que tienen los transportistas, quienes tampoco han dado cumplimiento a lo estipulado en la Gaceta del 20 de marzo, en la que se señala que las unidades deben contar con alarma de pánico, GPS y cámara.
“El pulpo camionero”, como es llamado, representa también un botín electoral y, desde hace mucho tiempo, en el Estado de México, no ha sido tocado; la acción gubernamental para la regulación no ha sido firme porque existen, también, redes de conveniencia económica o de corrupción, cuando se descubrió “un posible acto de corrupción valuado en 10 millones de pesos y que se refería a la emisión ilegal de 500 concesiones de transporte público, mismas que fueron entregadas por altos funcionarios públicos en contubernio con organizaciones que presta este servicio en la entidad”, según un reportaje publicado por MVS en 2016.
Este aumento al pasaje y la poca movilización social se une a la casi nula acción del poder legislativo, quien no ha sido un contrapeso sino un cómplice, comentó mientras caminaba Gabriel Medina, ex regidor de Movilidad por Toluca e integrante de colectivos ciudadanos como Ciudad Digna y Corre tu Ciudad, quien también comentaba que es importante trascender la participación en las redes sociales.
Durante el cierre de la calle Lerdo, se habló de lo sabido, de las malas condiciones del transporte, de la inseguridad que las mujeres viven diariamente en él; el problema, todos lo saben, ha sido por mucho tiempo y no se circunscribe al aumento del pasaje, sino a la cotidianidad que la mayoría de la población vive y que se decide desde oficinas por personas que no utilizan el transporte público, eso lo decía un joven mientas la movilización terminaba y se convocaba, de nueva cuenta, para mañana.