Caracterizado al amparo del clasismo, el racismo o la discriminación, en el sistema de justicia estatal y federal en el Estado de México, al igual que en el país, “se sigue juzgando a las personas por el color de piel”, aseguró el activista Antonio Lara Duque, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. C.
En la conversación con los analistas Daniel Serrano, Aníbal Mejía y Mario García durante el programa Cambio Edomex, compartió que en el Estado de México hay, de acuerdo con sus estimaciones, 19 mil 500 presos injustamente hasta 2022, en donde “la cárcel es el lugar donde el rico nunca entra y el pobre nunca sale”, apuntó.
Lara Duque precisó que no existen mecanismos jurídicos para resolver esta problemática y los pocos que existen son ineficientes. Tal es el caso, dijo, de la nueva Ley de Amnistía, que desde 2018 solo ha ayudado a 332 en todo el país.
Por lo anterior, atajó, instrumentos como la Ley de Indulto en la entidad —ya sea por gracia, que es sobreproporcionada a las condiciones personales de alguien; o necesaria, donde se advierten indicios de violaciones a derechos humanos, que han documentado los colectivos como Haz Valer mi Libertad y Juntos por la Libertad— está inutilizada, pues no es posible recordar “cuando fue la última vez que se indultó en el Estado de México”.
“Con Alfredo del Mazo sabíamos que era prácticamente imposible que se reconociera ese indulto porque esa es una decisión política más que jurídica” apuntó.
El indulto deslegitima al Poder Judicial
Lo que no le hubiera gustado al Poder Judicial, agregó, es escuchar a un gobernador diciendo que se indultó a alguien porque hay indicios de violaciones a derechos humanos, “y eso, entre comillas, deslegitima al Poder Judicial”.
El activista de derechos humanos habló sobre los retos del nuevo Gobierno estatal en esta materia, “donde el indulto sea una herramienta a la cual la maestra Delfina no le tema” acotó.
Antonio Lara habló de la posible creación de un Comité facultado bajo la toma de decisiones de la gobernadora para estos casos, donde su viabilidad solo será posible atendiendo lo antes expuesto, “técnicamente eficiente, con análisis científicos apegados a estándares internacionales” dijo.
En materia de prevención y readaptación social, concluyó, se debe dejar la lógica del populismo penal en la que solo se aumentan las penas para los delitos, pero no se atienden las causas.
“El problema no es la alta pena, es que apuestan a que no va a haber castigo. Lo que falta en esta sociedad es perseguir al delincuente y proteger a quien no lo cometió”, apuntó.