En lo que parece ser un cambio de rumbo en el Poder Judicial del Estado de México, personal en representación del nuevo presidente interino, Fernando Diaz, dialogó con mujeres integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad, quienes exigen la liberación de sus familiares injustamente presos.
Policarpio Montes de Oca, salió a las puertas del Palacio de Justicia del Edomex donde el colectivo realizaba la Mercadita Necesaria, protesta en la que venden artesanías para solventar los gastos de las visitas a los centros penitenciarios.
“Queremos trabajar en equipo con esta nueva administración. Tenemos la indicación muy precisa de estar muy cercanos a ustedes buscando soluciones. Sabemos que sus temas ya tienen años, pero con apego a la ley buscaremos una salida, si es que la hay” fueron las primeras palabras del nuevo enlace.
Un día antes, en después repuesta a AD Noticias sobre el colectivo, el presidente interino aseguró que iba a “hablar con toda la ciudadanía”.
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Acuerdos
Después de intercambiar puntos de vista y exigencias colectivos y Poder Judicial, llegaron a las siguientes conclusiones:
- El colectivo Haz Valer mi Libertad enviará una carpeta física, por la vía del abogado Antonio Lara Duque, con todos los casos
- Después de 10 días, el Poder Judicial, mediante Polo Montes de Oca, dará una respuesta para agenda una reunión con el presidente del Ejecutivo
Contexto
Durante el diálogo, el abogado Lara Duque, quien mediante el Centro de Derechos Zeferino Ladrillero ha acompañado la lucha, pidió, además, que como muestra de congruencia no se cerrara la puerta del recinto a las mujeres que han protestado de manera pacífica.
Policarpo fue director de Servicios Jurídicos Asistenciales y Equidad de Género del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y Director General de Enlace Interinstitucional de la Fiscalía del Estado de México. Hasta el momento se encuentra como “staff”, ya que no ha recibido nombramiento alguno.
Este colectivo Haz Valer mi Libertad, fundado en 2020, exige la liberación de personas injustamente encarceladas en los penales del Estado de México, donde cumplen condenas por delitos fabricados. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, cerca 19 mil reos tienen irregularidades en sus casos.
