Cuesta más de 6 mil millones de pesos el paro todo pagado del Poder Judicial

Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes
septiembre 23, 2024

Trabajadores del Poder Judicial Federal suman ya 35 días en paro de labores, el cual se extenderá hasta el 2 de octubre, cuando acumulen ya 43 días sin trabajar, aunque gozando de su sueldo y prestaciones intactos.

Ello significa que los trabajadores en paro no han sufrido ningún daño en su bolsillo, sin embargo, los ciudadanos a quienes deben prestar el servicio de la justicia acusan las pérdidas del abandono de sus funciones.

Las pérdidas del paro en el Poder Judicial Federal

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, dio a conocer en sus redes sociales que el daño económico por el paro asciende, hasta hoy, a más de 6 mil 419 millones 690 mil 084 pesos. Es decir, cada día de suspensión de labores de tribunales y juzgados del PJF han costado a la nación, 188 millones 814 mil 414 pesos en obligaciones como servidores públicos no desquitadas.

Hay otras pérdidas no menos importantes, al contrario, que el dinero. Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes, detalla Lenia Batres. Mientras en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 asuntos en juzgados y tribunales, en agosto de este año, apenas se resolvieron 14 mil 081 asuntos.

El llamado

La ministra Batres Guadarrama agregó que además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, en los últimos meses se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes se han manifestado a favor de la reforma: legisladores, ministras y el Presidente de la República.   

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben asumir su responsabilidad, como cabeza del Poder Judicial de la Federación”, sostuvo, para: 

  1. Garantizar la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales;
  2. Suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores, y
  3. Sancionar a quienes han incurrido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas.

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