En un acto de denuncia ciudadana, una víctima de violencia intrafamiliar ha decidido alzar la voz y exponer las injusticias que ha vivido en su juicio, así como la violencia institucional de la que asegura ser víctima por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, encabezado por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar.
La denunciante, cuya identidad se mantiene en el anonimato por temor a represalias de su exesposo, el magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán, relata en un video las dificultades que enfrentó durante su proceso legal. Alega que el tráfico de influencias y el abuso de poder, respaldado por el actual presidente del tribunal, el magistrado Ricardo Sodi, obstaculizaron su búsqueda de justicia.
Víctima exige justicia
La denunciante sostiene que intentó en varias ocasiones acercarse al magistrado Ricardo Sodi para solicitar un juicio justo, sin intervención o beneficio para su exesposo debido a su cargo. Afirma que la parcialidad hacia el magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemana fue notoria por parte del personal del tribunal, llegando incluso al extremo de minimizar la violencia que ella sufrió.
La víctima de violencia intrafamiliar asegura que las pruebas y hechos presentados en su expediente no fueron tomados en cuenta por la institución. Incluso señala que el perito en psicología, Juan Antonio Flores Ortiz, adscrito al Poder Judicial del Estado de México, emitió un dictamen en el que diagnosticó un trastorno de depresión grave y una autoestima disminuida, pero sugirió que las pruebas eran exageradas y los síntomas inconsistentes.
La denunciante destaca que, a pesar de la existencia de audios que evidencian violencia verbal, el perito no consideró adecuadamente las consecuencias psicológicas negativas que pudieron haberse generado. En respuesta, la afectada reproduce algunos de estos audios para respaldar sus afirmaciones.
Ante la falta de respuestas y la percepción de que su caso ha sido desestimado, la denunciante hace un llamado a la gobernadora y a la maestra Delfina Gómez, solicitando su intervención para garantizar un proceso legal justo y transparente.
Tribunal actuó de forma parcial
Según la denunciante, personal adscrito al Poder Judicial del Estado de México, habría emitido un dictamen que eximía a su exesposo, el magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán, de cualquier trastorno de personalidad. Sin embargo, la denunciante afirma que su exesposo reconocía durante el juicio estar bajo tratamiento psiquiátrico, contradiciendo el dictamen del perito.
La afectada alega que buscó apoyo entre algunos miembros del tribunal, quienes le ofrecieron respaldo para que su caso llegara al presidente Ricardo Sodi. Sin embargo, según relata, las puertas se cerraron cuando, en una reunión posterior, se le informó que el presidente ya estaba al tanto de su situación y no podrían ayudarla de ninguna otra manera.
Durante el proceso judicial, la denunciante señala la parcialidad de la jueza Alondra Ivette De la O González, adscrita en aquel entonces al juzgado quinto familiar del Distrito Judicial de Toluca del Estado de México. La jueza, según la denuncia, actuó de manera sesgada hacia su exesposo y no atendió las quejas interpuestas ante el Departamento de Contraloría del Poder Judicial.
Autoridades omisas
La denunciante también menciona intentos infructuosos de contactar a diversas autoridades, incluyendo al presidente del tribunal, Ricardo Sodi, a la licenciada Luz María Lemus, de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos, y a la Junta de Coordinación Política JUCOPO del Poder Legislativo del Estado de México, encabezda por Elías Rescala. Afirma que los oficios enviados no fueron autorizados, dejándola sin respuestas.
La denunciante expone un convenio desventajoso que, presuntamente, se vio obligada a firmar para proteger a sus hijos y evitar represalias. El acuerdo implicaría la entrega de su vivienda a su exesposo el 20 de febrero y la renuncia a 8 años de pensión, a pesar de que legalmente le corresponderían por haber estado casada durante 23 años.
La denunciante destaca las palabras del presidente Ricardo Sodi en una entrevista, donde afirmaba que toda mujer que denunciara debía ser creída de entrada. Sin embargo, se cuestiona por qué nunca fue recibida por el presidente, a pesar de que él estaba al tanto de su caso.
La denunciante de violencia intrafamiliar cuestiona la aparente contradicción entre sus experiencias y las afirmaciones del magistrado en una entrevista previa con Adela Micha. La afectada se pregunta por qué se permitió la mediación en su caso, a pesar de que la violencia no es conciliable, según las declaraciones del mismo presidente del tribunal.