Pollitos en fuga

■ Amparos que miden el riesgo,
■ Investigaciones financieras en curso,
■ Jueces bajo presión institucional,
■ El efecto dominó en la élite local,
■ La sombra que también roza de azul.

Los apuros legales de José Manzur

Los movimientos procesales no se hacen por nervios, sino por necesidad. El amparo penal 1305/2025, promovido por José Manzur Quiroga ante el Segundo Distrito en Materia Penal en Toluca, revela algo más que una maniobra defensiva rutinaria. Primero, porque el juzgado vinculó el expediente con otro juicio penal proveniente del Tercer Distrito, señal inequívoca de que no se trata de un trámite aislado, sino de un entramado procesal más amplio. Y, segundo, porque el propio quejoso solicitó desistirse del juicio, activando un procedimiento que no opera automáticamente y que exige ratificación expresa para surtir efectos. El alcance es claro: si el desistimiento se confirma, el amparo se sobresee y se pierde esa vía de control constitucional; si no, el juicio continúa. Pero el fondo es otro. El amparo ya cumplió su función principal: medir el riesgo real, identificar la naturaleza del expediente y decidir si conviene seguir litigando o replegarse. Desistirse no implica inocencia ni cierre del caso; implica administración del daño, reducción de exposición y cálculo de tiempos. En materia penal, quien prende y apaga un amparo no busca espectáculo: busca ganar tiempo cuando el expediente respira demasiado cerca.

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¿De qué se defiende Pepe?

Nadie litiga en el vacío y menos cuando el apellido pesa. Todo apunta a que José Manzur Quiroga no estaría reaccionando a una molestia menor, sino anticipándose a una línea de investigación de mayor calado: uso de recursos de procedencia ilícita, el tipo penal que en el lenguaje llano se resume como lavado de dinero. La referencia no es gratuita. Hace apenas unas semanas, Isidro Pastor, socio de Manzur —particularmente en negocios— fue detenido por una imputación de naturaleza similar y obtuvo su libertad no por exoneración de fondo, sino por falta de elementos suficientes, según resolvió la jueza del caso. El mensaje fue claro: la Fiscalía está mirando ese universo de relaciones, operaciones y tiempos, aunque todavía no logre amarrar expedientes sólidos. En ese contexto, el amparo penal funciona como paraguas preventivo, no como confesión. Se litiga para ganar tiempo, conocer el alcance de lo que se investiga y evitar sorpresas procesales que, aún sin sentencia, desgastan políticamente. No es miedo: es cálculo. Y cuando un operador de ese tamaño calcula, es porque el expediente ya dejó de ser hipotético.

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La jueza bajo la lupa

Por cierto, el antecedente que explica buena parte del cálculo defensivo tiene nombre propio. María Jazmín Ambriz López, la jueza que ordenó la liberación de Isidro Pastor, es hoy una figura incómoda para la Fiscalía. Su resolución desestimó las pruebas presentadas al considerar que no alcanzaban el estándar mínimo para sostener la imputación por uso de recursos de procedencia ilícita. El efecto fue doble: Pastor recuperó la libertad y la Fiscalía General de la República promovió su recusación ante el Tribunal de Disciplina Judicial. El dato adquiere mayor peso porque Ambriz López es recién electa y ahora tiene a su cargo uno de los expedientes más sensibles del país: el caso contra César Duarte. En el sistema judicial, estos cruces no pasan desapercibidos. Para las defensas, el precedente Pastor demuestra que las carpetas financieras mal integradas se caen; para las fiscalías, que un revés judicial puede derivar en escrutinio sobre el juzgador. En ese terreno resbaloso se decide hoy buena parte de la estrategia legal de personajes como Pepe Manzur.

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El efecto dominó

Cuando un expediente se mueve, otros tiemblan. En el mismo círculo donde hoy se observan los apuros legales de Isidro Pastor y José Manzur, aparece otro nombre que traga saliva en silencio: Fernando Flores. No es una asociación retórica. De acuerdo con información que desde hace tiempo circula en el ámbito judicial y financiero, Flores tiene abierto un expediente por uso de recursos de procedencia ilícita, originado a partir de información de la Unidad de Inteligencia Financiera. No se trata de una indagatoria reciente, es un asunto latente. A ello se suma otro frente más incómodo: Fernando Flores figura como acusado en un expediente ya judicializado por el gobierno de Oaxaca, relacionado con fraude. En este contexto, los casos Pastor y Manzur dejan de ser episodios aislados y se leen como advertencias. No porque anuncien sentencias inminentes, sino porque revelan que las fiscalías están mirando hacia el mismo ecosistema político-empresarial. El mensaje es claro: cuando cae uno, los demás revisan sus expedientes.

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La pieza azul

Este entramado no se agota en los nombres ya mencionados. También roza de azul. En el mismo circuito de relaciones políticas y mercantiles donde aparecen Manzur y Flores, surge el nombre del senador del PAN, Enrique Vargas. Conviene decirlo con precisión: no está imputado, no enfrenta procesos judiciales abiertos. Pero tampoco está fuera del radar. Abundan testimonios y referencias de nexos políticos y mercantiles que lo colocan, cuando menos, bajo sospecha. En política, la sospecha no es delito, pero sí es un dato. La presencia de una “pieza azul” confirma que el problema no es partidista, sino sistémico. No se persiguen colores, se revisan redes. Y cuando un senador aparece mencionado en ese contexto, aunque no esté en la carpeta, la sombra alcanza.