¿Por qué los ayuntamientos se quedan sin dinero al final de cada administración?

¿Por qué los ayuntamientos se quedan sin dinero al final de cada administración?

“Cada administración es lo mismo. Al final nos quedan a deber el salario y el aguinaldo, y nos lo reponen en pagos con el gobierno entrante. Siempre que se van se quedan sin recursos, dicen que ya no les alcanzó”.

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Trabajadores de los municipios mexiquenses se preparan para lo peor del trienio. Quienes tienen décadas como empleados en el sistema burocrático ya no se sorprenden, y solo les queda esperar que el golpe no sea tan fuerte para sus bolsillos.

El próximo mes de diciembre la mayoría de los 125 municipios en el Estado de México renovarán el gabinete de gobierno y las presidencias municipales. Antes de que eso suceda ––y como suele ocurrir al final de cada administración–– los gobiernos municipales se adolecen por la falta de recursos.

Las cuentas están en ceros y en algunos casos con bloqueos desde Hacienda. Otros, no hallan de dónde sacar dinero para saldar lo esencial: el pago a sus trabajadores y proveedores.

El hecho de que una administración municipal se quede sin recursos parece una regla, una costumbre que todos critican al entrar y repiten al irse.

Para José Guadalupe Luna Hernández ––Maestro en Derecho Constitucional y nuevo Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios–– se trata de una circunstancia que “desgraciadamente” es recurrente: “parte de una mala concepción y abusiva que se tiene de la idea de la autonomía del municipio para administrar sus recursos”.

Programar gastos sin revisar el presupuesto

Cada municipio cuenta con el principio constitucional de autonomía, pero “se cree indebidamente que esto implica un alto margen en la conducción de la administración del erario”, explica Luna Hernández. Y añade: “Yo creo que es equivocado, aunque también se conjuga con debilidades en materia jurídica”.

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En entrevista con este medio, el presidente del Comité señala que uno de los factores que desencadenan los malos resultados es que «se comete un abuso cuando se programan los gastos, sin tomar en cuenta si existe un respaldo financiero que garantice el programa».

“Lo mismo que pasa en la economía familiar: uno tiene determinados proyectos y gastos, y tienes una fuente de financiamiento que son tus ingresos, pero a veces estos no son suficientes. Entonces, recurres a préstamos, endeudamientos y financiamientos, pero si no tienes una buena administración y los gastos escapan a tus posibilidades reales, el financiamiento y los préstamos se convierten en un problema” , detalla Luna.

“A mí me parece que en los municipios eso pasa con mucha frecuencia: se programan gastos sin que exista garantía de pago que haga factible ese tipo de gastos. Y el hecho de que eso no tenga responsabilidades alienta a prácticas incorrectas que ponen en riesgo la viabilidad financiera en un futuro”.

Para el experto, es equivocado que un gobierno municipal no esté condicionado a programar su gasto con base en las fuentes de financiamiento.

Endeudamiento disfrazado

De acuerdo a Luna Hernández, los municipios recurren a una especie de “endeudamiento disfrazado”. Es decir, a una deuda de corto plazo con proveedores, misma que va generando presiones a la administración saliente. Si no termina de pagar, el compromiso quedará para las siguientes administraciones. En un patrón que parece no tener fin ni responsables, aunque la población entera se ve afectada.

El endeudamiento por incumplimiento de pago “propicia la disminución de posibilidad de hacer frente al gasto normal, incluyendo el tema de las nóminas”.

Como causa existe también una “debilidad para catalogar adeudos de contingentes proveedores que deberían considerarse deuda pública”, señala Hernández.

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Trabajadores, los afectados de siempre

Ante la costumbre de afectar a los trabajadores con administración de recursos inadecuados, a los empleados les queda exigir el cumplimiento de contratos colectivos y las cláusulas de los convenios con los entes gubernamentales.

El incumplimiento en el depósito de los salarios es “una carga adicional para el trabajador que no debería tener. Me parece que los trabajadores podrían participar en el proceso de supervisión para garantizar que el desempeño (del gobierno) cumpla con la responsabilidad financiera, o en su caso indicarles los procedimientos de fiscalización”, explica Luna.

Incluso es posible llevar al propio trabajador a plantear el pago por diferentes medios contemplados por la ley.

Para el entrevistado es importante que el Órgano Fiscalizador revise si los compromisos de los gobiernos en relación a la capacidad financiera de los municipios no pone en riesgo la estabilidad económica y el cumplimiento de sus obligaciones.

Por ejemplo, el tema de la plantilla laboral y los salarios es parte del gasto programable, “y descontando este gasto se determina el margen que se tiene para adquisición de bienes y servicios y contratación de obra pública”, detalla Hernández.

Sin embargo, en diversos municipios como Toluca o Naucalpan se ha reportado la inexistencia de solvencia de los gobiernos locales. No tienen para saldar los salarios de sus empleados en al menos los últimos seis meses previos al relevo de administración.

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“Si se alerta al Órgano de Fiscalización en tiempo real, éste debería hacer las observaciones correspondientes para plantear este tipo de acciones como observables y sujetas de procedimientos y responsabilidades administrativas y hasta penales”, plantea Luna.

Vacíos legales

Hay vacíos legales. Necesitamos revisar de manera sistemática cómo catalogar los compromisos de pagos con proveedores. Y segundo, endurecer las medidas financieras para que solo haya contratación en tanto haya capacidad de pago, porque es fácil para una administración adquirir compromiso de pago aunque no tenga capacidad de pago”, lamenta Luna Hernández.

Entonces, los problemas económicos aparecen para los proveedores, los trabajadores, la población y el erario. “Hay que regular”, considera el experto.

La falta de recursos por una mala gestión de los mismos es una práctica que implica un uso indebido de los recursos y ahora, hay que determinar las consecuencias de eso, de acuerdo al nuevo presidente del Comité.

Las consecuencias no se reducen al daño económico de la población, va más allá. El clima laboral se torna adverso dentro de la administración. Un trabajador sin paga, difícilmente tendrá un óptimo desempeño en sus funciones. Y aunque no lo justifica, sí alienta prácticas indebidas con el fin de resolver la falta de ingresos personales.