Habitantes de San Pablo Autopan, se manifestaron este miércoles 5 de noviembre en el centro de Toluca para exigir la restitución del pozo de agua ubicado en el barrio El Cajón, que fue clausurado hace 15 días. Según los afectados, el cierre ha dejado sin abasto a hogares y planteles educativos, entre ellos un kínder, una primaria, una secundaria y una preparatoria.
Con pancartas y consignas, los manifestantes marcharon por las calles principales de la capital mexiquense hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde exigieron un diálogo con la gobernadora del Estado de México y la intervención de las autoridades municipales y estatales para garantizar el suministro del recurso hídrico.
Alrededor del mediodía, seis representantes de los inconformes fueron recibidos en las instalaciones de Palacio de Gobierno para sostener una reunión con funcionarios estatales y del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), a fin de conocer la situación del pozo y buscar una solución.
El cierre del pozo se enmarca en la Operación Caudal, emprendida el pasado 24 de octubre por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de desmantelar tomas clandestinas de agua en 48 municipios. El operativo pretende frenar el comercio ilegal del líquido mediante cateos, inspecciones y aseguramientos en cerca de 200 puntos identificados como pozos o redes irregulares. En la acción, fueron incautadas más de 250 pipas y tráileres presuntamente utilizados para la extracción y venta ilícita de agua.
Mercado negro del agua en Toluca
Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que en el municipio fueron clausurados 14 pozos como parte de la operación. Reconoció que la medida “iba a generar algunos problemas en zonas que no cuentan con una dotación regular de agua”, entre ellas Cacalomacán, Capultitlán y la zona norte de San Pablo Autopan y San Pedro Totoltepec.
El edil explicó que varias colonias dependen del abasto mediante pipas particulares, por lo que el Ayuntamiento dispuso de 50 unidades diarias para apoyar a la población, con la meta de aumentar el número a 75 pipas en las próximas semanas. Sin embargo, admitió que el esfuerzo sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.
“Detrás de cada pozo hay muchas actividades delincuenciales. Una cosa es la extracción y otra, la distribución con los piperos”, advirtió Moreno Bastida. Añadió que, en medio de la escasez, el precio del agua distribuida en pipas se ha disparado: mientras antes se ofrecía por entre 800 y 1.000 pesos, hoy algunos particulares la venden hasta en 3.000 pesos.
El alcalde subrayó que el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca cobra a los distribuidores una tarifa de 500 pesos por pipa de 10.000 litros, aunque reconoció que muchos piperos obtenían mayores ganancias al explotar fuentes irregulares “porque el agua la sacaban gratis, nadie la pagaba”.
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