Toluca, México. 1 de mayo de 2019. Han pasado más de 100 años del establecimiento del 1 de mayo como el Día Internacional de los trabajadores, las condiciones laborales y el respeto a la ley sigue siendo un tema pendiente; en México, la Ley Federal del Trabajo establece una jornada laboral de no más de ocho horas, salario mínimo, prestaciones laborales y seguridad social: derechos que relucen en frases recurrentes durante discursos del Día del Trabajo, celebraciones sindicalistas y discusiones de reformas a la ley pero que no se cumplen a cabalidad.
Las conquistas de los trabajadores, de México y el mundo, han sido recogidas en una ley que busca normalizar las relaciones labores entre el patrón y el empleado, así como establecer los derechos y obligaciones de cada uno; sin embargo, los logros se desdibujan con una realidad que pasa por encima de los estatutos.
Dicha realidad coloca a muchos trabajadores en un empleo con salario bajo, inseguro, sin protección, con altos niveles de incertidumbre, empleos en donde los contratos se realizan por medio de agencias de empleo ocasionales o temporales, con contratos eventuales y relaciones patrón-empleado poco claras o indirectas.
Estas condiciones que configuran parte de lo que se denomina precarización del trabajo, se presentan como una constante en el país y, por supuesto, en el Estado de México, entidad que, durante el cuarto trimestre de 2018, constituía el mercado de trabajo más grande del país, con 7,619,554 personas ocupadas.
Existen trabajadores que sólo tienen acceso a un empleo por horas, personas de 15 años o más quienes necesitan y pueden trabajar más; en territorio mexiquense, esta población, según datos del cuarto trimestre de 2018, conformaba un porcentaje de 5.9 por ciento.
Las jornadas extendidas sin remuneración extra se soportan debido a la cantidad de personas desempleadas que requieren un puesto y que, en un afán de conseguirlo, aceptan peores condiciones laborales; los mexiquenses con condiciones críticas de ocupación (trabajo de menos de 35 horas por semana por razones de mercado, con trabajos de más de 35 horas con ingresos menores al salario mínimo o con trabajos de más de 48 horas semanales con ingresos de hasta dos salarios mínimos) representaban 18.2 por ciento a finales del año pasado.
Hay también una ausencia de reconocimiento de la dependencia laboral por la fuente de trabajo, es decir, no hay un reconocimiento de la labor que se realiza ni se asume ninguna obligación patronal; el empleado se encuentra inseguro e indefenso ante el empleo (sin derechohabiencia y seguridad social), en el Estado de México, la población ocupada informal representa 57 por ciento de la población ocupada.
Las condiciones laborales pueden agravarse cuando el empleado labora en unidades económicas no establecidas legalmente, lo que implica una disminución o nulificaciones de derechos laborales, en la entidad mexiquense, 34.3 por ciento de la población ocupada se encuentra en estas condiciones.
Por otra parte, existen los contratos temporales, que, según Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es una modalidad que “crea modelos de negocio basados en bajas remuneraciones, en la indefensión de quienes trabajan y evadiendo la afiliación a la seguridad social”, este tipo de contratos se utiliza cada vez con más frecuencia.
El panorama laboral en la entidad y en el país no es alentador; la formación y capacitación no garantiza condiciones óptimas de empleo y, si bien las conquistas que han mejorado condiciones de vida y desarrollo laboral de los trabajadores se mantiene, la evasión de una responsabilidad legal estipulada coloca a muchos trabajadores mexiquenses en franca desventaja ante una realidad con exigencias económicas cada vez mayores.
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