En tiempos de hipersimulación política, no sorprende que se multipliquen los galardones que premian más la narrativa que la sustancia. Los llamados Premios Lidera, promovidos por una “action media company” autolegitimada, carecen de método verificable, criterios objetivos o validación externa. No miden realidad alguna; apenas celebran percepciones domesticadas. Son el espejismo perfecto para gobiernos sin obra, sin ética pública y con severas deudas sociales. Su valor epistémico es nulo: no interrogan el mundo, lo decoran. Su carga deontológica es inversa: normalizan el autoelogio y la mentira institucional. Que los reciban figuras como Michelle Núñez (Morena), Romina Contreras (PAN) o Fernando Flores (PRIAN) no solo no dignifica el premio: lo desmantela. Todos cargan con gobiernos de papel maché y reputaciones fracturadas. Solo ante un jurado sin conciencia podrían ser considerados “líderes”. No es un reconocimiento: es una coartada.
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Una ombudsman para la gente o para el sistema
Cada vez que se avecina un relevo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la pregunta no debería centrarse en el nombre, sino en el paradigma. ¿Para qué sirve una defensoría pública cuando guarda silencio ante las tragedias que marcan época? Tlatlaya, Atenco, feminicidios, desapariciones forzadas: en todos esos casos, la CODHEM llegó tarde, llegó tibia o simplemente no llegó. Su historia está atravesada por la omisión, la simulación y la sumisión institucional. Si este proceso de renovación pretende ser algo más que una rotación burocrática, debe iniciar por reconocer que la Comisión —como aparato— ha sido un apéndice del régimen neoliberal, diseñada para administrar quejas, no para garantizar derechos. Hoy, el reto es político y conceptual: construir una defensoría que rompa con la verticalidad del Estado autoritario, que deje de legitimar la violencia estructural y abrace el progresismo como ethos. No se trata de elegir a alguien, sino de refundar algo.
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Una fiscalía en reconstrucción
Durante décadas, la Fiscalía del Estado de México fue un instrumento opaco, temido y domesticado: no para procurar justicia, sino para administrar impunidad. Servía al poderoso, nunca a la víctima. La llegada de José Luis Cervantes marcó una inflexión institucional de fondo: por primera vez en mucho tiempo, se comenzó a concebir la justicia como misión pública y no como patrimonio del régimen. Su perfil técnico y su distancia de los pactos partidistas le han permitido emprender la redignificación de una institución degradada por su propia historia. Ha roto inercias: profesionalizó ministerios públicos, redujo tiempos de respuesta, impulsó unidades de investigación especializadas y promovió la rendición de cuentas interna. No ha resuelto el problema estructural —sería ingenuo exigirlo en tan poco tiempo—, pero ha comenzado a desmantelar el pacto de silencio. Por eso cuenta con el reconocimiento del gobierno del cambio y, cada vez más, con la confianza de una ciudadanía que ya no quiere venganza, sino justicia.
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¿Justicia para quién y desde dónde?
En septiembre se renovará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y con ello se abre una grieta —tal vez única— para desmontar el andamiaje de privilegios que ha sostenido a la llamada casta judicial. Héctor Macedo, electo para encabezar el Poder Judicial estatal, no llega como improvisado ni como cuota: su carácter y trayectoria le permiten asumir el reto más complejo del sistema jurídico mexiquense. La exigencia social es contundente: limpiar de nepotismo los pasillos de los juzgados, abrir al escrutinio público el gasto y las decisiones, y convertir la justicia en un bien público, no en una transacción de élites togadas. La opacidad, que ha sido norma, deberá ser sustituida por una ética de la exposición. Si Macedo es congruente, sabrá que la legitimidad no se hereda: se construye combatiendo lo que durante décadas fue intocable. Un Poder Judicial útil para la gente empieza por desmontar los mecanismos que lo hicieron útil para unos cuantos.
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La oportunidad histórica que solo la izquierda puede traicionar
En Huixquilucan y Metepec —territorios estandarte de la derecha mexiquense— se gesta una contradicción poderosa: los que mandan son minoría; los que sufren, mayoría. Las élites que gobiernan blindadas no representan al grueso de la población, apenas la administran desde el privilegio. Y, sin embargo, no son pocos los pobres que votan por ellos: aspiracionistas desconcertados que abrazan al opresor esperando ser como él, aunque ese mismo poder los desprecia y los explota. Es el viejo truco de la derecha: hacer que la víctima se sienta cómplice de su verdugo. Pero ese hechizo puede romperse. Hoy existen condiciones para que un movimiento popular y de izquierda —honesto, coherente, profundamente territorial— dispute el poder con ideales, no con simulacros. La única amenaza real no es la derecha, sino la traición interna: los acuerdos cupulares, los liderazgos vacíos, las candidaturas oportunistas. La historia no espera: o se construye pueblo, o se perpetúa el espejismo.
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