A pesar de que elementos del Ejército son acusados de la muerte de 22 personas durante un presunto enfrentamiento registrado el pasado 30 de junio en Tlatlaya, la bodega donde se registraron los hechos se encuentra abandonada.
Tras los testimonios que se han publicado por la agencia de noticias Internacional Associated Press (AP) y de la revista Esquire, en los que se acusa a los militares de fusilar a las 22 personas, autoridades federales iniciaron una investigación para aclarar los hechos, pero hasta el momento la bodega no se encuentra resguardada por autoridades ni estatales ni federales.
Habitantes de la zona, informaron al diario El Universal que no han llegado autoridades de ningún orden de gobierno para reconstruir lo que ocurrió la madrugada del 30 de junio.
Los pobladores explican que horas después de los hechos peritos del Ejército y de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron al lugar a tomar muestras y además marcaron los impactos de bala en el muro.
La denuncia de la masacre de las 22 personas, a manos del Ejército, continúa preocupando a organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y a especialistas en seguridad, quienes exigen una investigación sobre lo ocurrido.
El investigador y director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, dijo al diario 24 horas, que es “extremadamente preocupante” la evidencia sobre un homicidio múltiple a manos castrenses en el municipio de Tlatlaya, pero más aún la deficiente respuesta institucional al respecto.
“Me preocupa mucho la calidad de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (…) Hay elementos suficientes para preocuparnos mucho respecto, si los sistemas de justicia y de protección a los derechos humanos son realmente funcionales o no”, dijo.
Portillo consideró como un error el que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, haya adelantado la semana pasada que aunque falta mes y medio para que se concluya la indagatoria, hay indicios de que lo ocurrido fue meramente un enfrentamiento por más de dos horas.
“Es como si un procurador nos dice que no ha terminado la investigación pero les aviso que no voy a consignar, es inconcebible el adelanto que nos da el ombudsman nacional y nos habla incluso de un manejo político de los tiempos de la investigación”, indicó.
El investigador señaló que en México no se reconoce ni se aceptan fácilmente los temas relacionados con abusos de poder del Ejército, pero la gravedad del caso amerita una indagatoria clara y que convenza a la ciudadanía en general.
(Con información de El Universal y Diario 24 horas)
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