La paciencia se agotó en Villa del Carbón, Estado de México. Lo que comenzó como un reclamo por servicios básicos ha escalado a una movilización que agrupa las demandas de 15 mil habitantes de 14 comunidades indígenas —12 inscritas en el Catálogo Nacional y dos en proceso de reconocimiento—.
La exigencia, dirigida a los tres niveles de gobierno, plantea la ejecución inmediata de un Plan de Justicia Social que resarza una deuda histórica arrastrada desde el siglo pasado.
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Comunidad acusa despojo no compensado desde 1932
El 5 de febrero de 2026, en la comunidad de San Luis Anáhuac, autoridades estatales y representantes otomíes firmaron una “Minuta de acuerdos de la mesa técnica en materia de agua potable y drenaje”.
En ese documento quedaron asentadas las firmas de funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, la Conagua y la CAEM. Sin embargo, a meses de esa reunión, los acuerdos siguen sin cumplirse.
“Es una expropiación sin fundamento, porque nosotros poseemos un título virreinal […] que nos fue reconocido por la corona española, y el gobierno viene a expropiarnos terrenos y, según, a compensarnos con algo que ya era nuestro”, señaló uno de los voceros del movimiento indígena otomí de Loma Alta Taxhimay.
Falta de agua y promesas incumplidas
A pesar de vivir junto a una presa de gran capacidad, los habitantes enfrentan escasez de agua.
Ante este déficit, la comunidad ha planteado una exigencia central: aprovechar los escurrimientos de un manantial ubicado en terrenos privados de una familia con peso político en la región, los Castro.
“El agua nada más está tirando, se va a la barranca y de ahí entra a la presa Taxhimay”, explicó la representación comunal.
Tras reuniones con Conagua, aseguran que los particulares no cuentan con derechos de explotación: “Ellos ya nos dijeron que no tienen ninguna concesión”, afirmaron. Por ello, los comuneros reclaman el acceso al recurso para consumo humano.
“Hemos estado en total abandono por muchos años, con carencias en servicios básicos como la luz, el agua potable y, no se diga, la educación”, acusaron.
Comunidades aisladas y sin servicios
El despojo ocurrido en 1932 no solo afectó el territorio de San Luis de las Peras; también fragmentó a la población en dos zonas aisladas.
Actualmente, una de las principales demandas es la pavimentación de una brecha de dos kilómetros abierta por los propios habitantes, la cual resulta clave para dejar de depender del municipio y conectarse con la zona industrial de Tepeji del Río, Hidalgo.
“Vendría a elevar nuestra calidad de vida, a tener comunicación para toda esa gente […] y acceso a las principales fuentes de empleo”, señalaron.
Comunidades toman la presa tras incumplimiento
La mañana de este martes, los habitantes pasaron a la acción directa y cerraron el flujo de agua en La Cortina. Ahí, junto a la antigua estructura rotulada con el año del despojo original —“C.N.I. 1934”—, la protesta otomí abandonó las mesas de trabajo.
La vocería confirmó que existe un acuerdo con comunidades vecinas de Tepeji del Río para no afectar el ciclo agrícola:
“Hemos hablado con ellos, entienden y se solidarizan con nuestras causas. Como gesto de empatía, pensamos permitir la salida de ciertos metros cúbicos de agua para que puedan realizar sus siembras”.
También hicieron un llamado directo a la presidenta municipal:
“Desde aquí le mandamos un mensaje a nuestra presidenta municipal, Ofelia Antonio, para que nos apoye, para que nos ayude a destrabar estos temas. Es de su incumbencia que, en lugar de ponernos obstáculos, nos respalde”, reclamó uno de los comuneros.
Al cierre de esta edición, voceros del movimiento confirmaron que las válvulas permanecen cerradas y encadenadas, y que no se reabrirán hasta que las autoridades retomen las negociaciones y comiencen a materializarse sus demandas.
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