Almoloya de Juárez, México; 14 de marzo de 2019. Lo que sucedió en La Cima el 30 de septiembre de 2016 no fue denunciado porque el Ministerio Público estuvo presente, dijo uno de los policías citados por la fiscalía para declarar en audiencia de desahogo de pruebas del caso Salazar; esta declaración revelaría que la Fiscalía tendría conocimiento del conflicto y demostraría que tenían conocimiento de la pelea que lo pobladores mantenían por sus tierras.
Ante el conocimiento de esta situación, explicó el abogado de los comuneros, Alexander Becerril, la fiscalía habría tenido la obligación de continuar la investigación como un conflicto agrario, sin embargo, se inició una nueva en la que Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis fueron acusados de privación de la libertad, lesiones y robo con violencia, por lo que se encuentran presos.
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La audiencia de desahogo de pruebas incluyó el testimonio de Juan Carlos Ríos, una de las personas que acusan a los presos y que fue puesto a disposición el día del conflicto por portación de arma de fuego; quien en reiteradas ocasiones se mostró molesto ante las preguntas de la defensa, que pedía que le fueran repetidas.
Su testimonio resultó importante respecto a la relación establecida entre los nombres de las personas con su fisonomía; dijo que los relacionaba por fotografías que le habían sido mostradas; al respecto, el abogado Alexander Becerril explicó que se trató de un reconocimiento ilícito por encontrarse fuera del procedimiento especial contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales para realizar un reconocimiento de fotografías.
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Un dato importante mencionado por Juan Carlos Ríos es el tratamiento psicológico que dijo haber recibido por parte de la psicóloga Olga Galicia, quien sería la misma persona que atendiera a Mario Alberto de León, acusador y abogado que habría ordenado cercar los terrenos de los comuneros el día del conflicto.
Según información recabada por los familiares de los presos, la psicóloga que habría facturado sus servicios para el tratamiento de Mario Alberto de León y Juan Carlos Ríos, podría ser la misma que en 2006 habría recibido imputaciones de soborno en una audiencia de desahogo de pruebas del 18 de agosto de 2008 en un juicio ordinario civil, como se puede leer en una carta que la profesionista dirige a Proceso en septiembre de 2008.
La audiencia, según los abogados, fue positiva para los presos de Salazar, en el entendido de que se señalan algunas contradicciones que dejan resultados favorables; la próxima se llevará a cabo el 28 de marzo, en ella se presentará un perito de evaluación, dos testigos de preexistencia, un policía de investigación y dos policías estatales.
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