Laura González Hernández, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), propuso transitar de una participación ciudadana enunciativa a una participativa activa dentro de la Constitución mexiquense, así se informó a través de un comunicado.
Para ello, la líder empresarial planteó establecer como obligación hacia los Ayuntamientos y el Estado la instalación de Consejos Consultivos Ciudadanos en sus áreas de Obras Públicas, Desarrollo Económico, Agua y Saneamiento, Desarrollo Urbano, Movilidad, Administración, Tesorería – Finanzas, Seguridad, y Mejora Regulatoria con carácter vinculante.
Asimismo, presentó una iniciativa para que los poderes Legislativo y Judicial establezcan, de forma permanente, la figura de Observatorio Ciudadano como órgano de consulta obligada.
La Presidenta del CCEM también propuso la obligatoriedad y carácter vinculante de las contralorías sociales para que puedan generar reportes ciudadanos, denuncias y sugerencias cuando se identifique la existencia de presuntas irregularidades. Esto representa un esquema de vigilancia del desempeño de los servidores públicos de forma indirecta, en relación con la prestación, ejecución u operación de las acciones o servicios municipales y estatales.
De igual forma, la también Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del SECTEC, sostuvo que es necesario establecer un Plan Municipal de Desarrollo Económico o su equivalente delineado en conjunto con agrupaciones empresariales. Donde se promueva la apertura rápida de empresas, otorgamiento de licencias de funcionamiento y agilización de trámites de protección civil, medio ambiente y desarrollo urbano.
González Hernández manifestó la necesidad de implementar de manera obligatoria, para los servidores públicos estatales y municipales dedicados a todas las áreas de atención al público que pudieran propiciar actos de corrupción, desde su contratación, exámenes de control y confianza que deriven en una Certificación.
Finalmente, puso sobre la mesa la implementación de un seguro de desempleo que sea factible y útil, con reglas claras y ágiles para utilizarse por los mexiquenses que pierdan su fuente laboral por condiciones ajenas a ellos como desastres naturales, crisis económica, pandemias o cualquier fenómeno que provoque el cierre total o parcial de la unidad económica donde presta sus servicios.