El presidente y el tesorero de la mesa directiva de la Central de Abasto de Toluca (CAT) fueron detenidos en Almoloya este miércoles e ingresados al Penal de Santiaguito del Estado de México, según informaron comerciantes. Jesús “N”, el presidente, estaba prófugo desde el 24 de junio de 2025.
Ambos habían sido señalados previamente por supuestos vínculos con el crimen organizado y por imponer cuotas diarias bajo amenazas. Locatarios aseguran que la detención reactivó el temor, ante nuevos actos de intimidación dentro del mercado.
Hombres armados tras la detención
Testigos relataron que, tras la detención, el hijo de Jesús “N” —quien aseguran trabaja en la Fiscalía estatal— acudió a las oficinas de la CAT junto con dos hombres armados, a bordo de un vehículo Vento azul. “Dijeron que venían de parte de la Fiscalía, pero no se identificaron. Entraron directo a la caja, donde están el dinero, las cuentas y los documentos”, contaron.
Los comerciantes afirmaron que los tres portaban armas visibles y que también se llevaron objetos personales del presidente.
“Tenemos miedo. Nos advirtieron que si damos información, nos levantan. Ya nos han amenazado de muerte”, dijo un locatario.
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Suben cuotas y exigen pagar abogados
Además del clima de intimidación, comerciantes denunciaron un incremento en las cuotas diarias de mantenimiento: de 150 a 300 pesos para locales grandes y de 70 a 200 pesos para los pequeños. Según afirman, parte del cobro —150 pesos diarios— sería entregado a miembros de La Familia Michoacana.
“No es nuevo que cobren, pero nunca así. Desde que llegó esta administración empezamos a pagar más. Ahora dicen que es para ‘la maña’”, señalaron.
También denunciaron que la mesa directiva les exige cubrir los gastos de abogados y fianzas de los ahora detenidos. “Nos quieren obligar a pagar su defensa legal, eso es el colmo”, expresó otro comerciante.
Sin dirección, sin elecciones y bajo amenaza
Con las recientes detenciones, la Central de Abasto de Toluca se ha quedado sin dirección operativa. Locatarios aseguran que no han podido convocar a nuevas elecciones debido a las amenazas.
“No hay liderazgo legítimo, no hay seguridad y no podemos organizarnos. Estamos a merced de quienes usan el miedo como forma de control”, advirtieron.
Los denunciantes exigieron al Poder Judicial del Estado de México y a la Fiscalía estatal que garanticen su seguridad y frenen la impunidad. “Esto ya no es solo una disputa administrativa. Es una red criminal operando con total ventaja”, concluyeron.
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