La propuesta de la fracción del PRI en el Congreso mexiquense para cobrar 200 pesos por cada tonelada de basura que reciba el Estado de México llega a un sistema donde ese cobro ya existe —y desde hace más de una década— bajo esquemas privados.
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Hoy, el manejo de residuos en la región centro del país opera como un modelo concesionado. En territorio mexiquense, la disposición final de basura se realiza principalmente en rellenos sanitarios administrados por empresas privadas, que cobran entre 150 y 500 pesos por tonelada a los municipios y entidades que depositan sus desechos.
El volumen es mayúsculo. El Estado de México genera más de 17 mil toneladas diarias de residuos, pero además recibe alrededor de 10 a 12 mil toneladas adicionales provenientes principalmente de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo.
Este esquema se consolidó tras el cierre del Bordo Poniente en 2011, cuando la capital del país dejó de disponer sus residuos en ese sitio y comenzó a trasladarlos a municipios mexiquenses mediante convenios y contratos con operadores privados.
Uno de los epicentros de este modelo es Ixtapaluca.
En este municipio se concentra una parte sustantiva de la basura que sale de la capital. Tan solo desde la Ciudad de México llegan diariamente hasta 6 mil toneladas de residuos, que son procesadas en rellenos sanitarios ubicados sobre la autopista México–Puebla.
Los principales puntos de recepción son “El Milagro” y “La Cañada”, ambos operados por empresas privadas y en funcionamiento desde hace más de una década, en zonas cercanas a núcleos habitacionales como San Buenaventura.
Ahí no solo se deposita basura: se mueve dinero.
Cada tonelada que ingresa ya tiene un costo pagado por quien la envía, lo que convierte al manejo de residuos en una actividad económicamente relevante. Sin embargo, estos ingresos no necesariamente se traducen en beneficios directos para los municipios que reciben los desechos.
Ese es el vacío que la iniciativa del PRI intenta capitalizar, pero sin resolver el fondo.
La propuesta plantea un cobro adicional por recibir basura de otras entidades, pero no explica cómo se integraría en un sistema donde ya existen tarifas privadas, ni quién administraría esos recursos. Tampoco detalla mecanismos de fiscalización ni cómo se garantizaría que el dinero llegue a municipios como Ixtapaluca.
A ello se suman posibles retos legales, al implicar cobros a entidades externas dentro de una zona metropolitana que opera bajo lógica de coordinación intergubernamental.
Desde el Ejecutivo estatal, la postura ha sido clara. El secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares, ha señalado que no se contempla aplicar un cobro a otras entidades, al considerar que el manejo de residuos debe abordarse desde un enfoque integral.
En ese contexto, la iniciativa priista no modifica el modelo existente ni interviene en la estructura de concesiones que domina el sistema.
Llega tarde.
Y no toca el verdadero centro del problema: quién controla el negocio de la basura en el Estado de México.
CLAVES
- 17 mil toneladas diarias genera el Edomex
- 10–12 mil toneladas adicionales llegan de CDMX e Hidalgo
- Hasta 6 mil toneladas diarias llegan a Ixtapaluca
- Sistema vigente: rellenos privados que ya cobran por tonelada
- Origen del modelo: cierre del Bordo Poniente (2011)
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