El Gobierno de México presentó un programa de atención inmediata para proteger e impulsar la industria de vehículos pesados, que incluye autobuses, tractocamiones y camiones de carga. La estrategia busca fortalecer la producción nacional, renovar la flota vehicular y mejorar la seguridad vial, a través de incentivos económicos, financiamiento y nuevas regulaciones.
Incentivos fiscales para renovar la flota
El plan se basa en cuatro ejes principales: el primero son los incentivos fiscales del llamado Plan México, que permitirá a empresas y transportistas deducir de forma inmediata la compra de unidades nuevas.
Por ejemplo, un vehículo de 3 millones de pesos podrá deducir hasta el 86 % en un solo año, lo que representa un ahorro fiscal significativo. Además, se destinarán 2 000 millones de pesos para incentivar la adquisición de unidades producidas o ensambladas en el país.
Financiamiento para transportistas
El segundo eje es la reactivación de esquemas de financiamiento, mediante garantías entre la Secretaría de Infraestructura y Nacional Financiera, lo que facilitará el acceso a crédito para transportistas, especialmente para micro y pequeñas empresas. Esto permitirá ampliar la capacidad de compra y renovación de unidades, apoyando a quienes dependen del transporte para su sustento.
Nueva regulación y seguridad vial
En tercer lugar, la Secretaría de Economía elaborará una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que establecerá requisitos mínimos de seguridad en vehículos pesados nuevos.
Entre ellos, se incluyen cinturones, sistemas de iluminación, espejos y dispositivos de control. Esta medida cobra relevancia al considerar que cada año ocurren alrededor de 30 000 accidentes en los que están involucradas este tipo de unidades. Además, se busca reducir su impacto ambiental, ya que generan entre 6 y 8 millones de toneladas de CO₂ anuales.
Control a importación de vehículos usados
El cuarto eje contempla la actualización de precios para la importación de vehículos usados, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado y proteger la competencia frente a unidades nuevas. Esto busca frenar prácticas que afectan a la industria nacional.
Impacto en empleo y medio ambiente
Con este programa, el Gobierno pretende proteger alrededor de 200 000 empleos directos e indirectos vinculados al sector, además de impulsar la renovación de hasta 1.2 millones de vehículos pesados en el país. También se contempla la chatarrización de unidades antiguas, especialmente autobuses, para mejorar la seguridad y reducir emisiones contaminantes.
En conjunto, la estrategia no solo impacta a la industria, sino también a la ciudadanía, ya que mejora las condiciones de seguridad vial, reduce la contaminación y fortalece la economía nacional.
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