Toluca, Méx.- El subcoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Javier Salinas Narváez, propuso eliminar el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), a través del cual cada uno de los 75 legisladores puede gestionar 2.5 millones de pesos en materiales para escuelas, caminos, guarniciones, banquetas, pavimentación de calles, edificaciones e infraestructura urbana, rural y agropecuaria, entre otros.
En conferencia de prensa, el legislador explicó que ese programa, creado en el gobierno de Carlos Hank González, carece de sustento legal, pues no es parte de las facultades de los legisladores, que se nutre de recursos del Ejecutivo, que solo existe en el Estado de México y ha sido señalado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) como "la institucionalización del moche", además de ser un programa muy flexible que se presta a la discrecionalidad.
En su exposición, Salinas Narváez explicó que el Ejecutivo estatal asigna 187.5 millones de pesos del Capítulo 6000 de “Inversión Pública” al PAC “que ejercen los Legisladores, el cual se orienta a la atención de las demandas ciudadanas mediante la entrega de apoyos en materiales diversos”.
Con dicho esquema se otorga a cada uno de los 75 diputados del Congreso mexiquense la oportunidad de “gestionar” con el Ejecutivo la entrega de apoyos a sus representados por montos anuales globales de 2.5 millones de pesos.
“La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México dispone como derecho de los diputados realizar gestiones en nombre de sus representados ante las diversas instancias de autoridad… Sin embargo, jamás les autoriza a cargar estos gastos a los recursos públicos… los 562.5 millones de pesos que durante los 3 años ejercerá la LIX Legislatura mexiquense en este programa, además serán manejados con absoluta discrecionalidad, porque no existe disposición legal o normativa que obligue a comprobar la supuesta atención de las necesidades de los ciudadanos”, apuntó.
Ante ello, el legislador promovió, vía Oficialía de Partes del Poder Legislativo, una iniciativa para desaparecer el PAC. Su propuesta de reforma al artículo 61 de la Constitución local, prohíbe a los legisladores “realizar erogaciones para gastos de gestión social o ciudadana, bajo cualquier denominación, que tengan por objeto la entrega de despensas o paquetes de alimentos, enseres domésticos, materiales de construcción, servicios de salud o cualquiera otros bienes y servicios gratuitos a las personas, a las familias, a la población, a organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, con cargo al presupuesto del Poder Ejecutivo o Legislativo”.
En el tercero transitorio, la iniciativa además determina que “los recursos presupuestales del Poder Legislativo correspondientes al presente ejercicio fiscal para realizar erogaciones por concepto de gastos de gestión social o ciudadana, bajo cualquier denominación, deberán transferirse al Poder Ejecutivo del Estado para su aplicación en los programas sociales bajo su responsabilidad”.
Salinas Narváez expuso que las Constituciones estatal y federal, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en ningún caso reconocen la tarea de “gestionar”, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad, apoyos para sus representados, como se aprobó en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador perredista, el PRI es el grupo parlamentario que más recursos puede gestionar, con hasta 85 millones de pesos, dado que cuenta con 34 diputados; seguido del PRD, con 12, que puede acceder a 30 millones; el PAN, que tiene 11, a 27.5 millones; Morena, con 6, tiene la posibilidad de gestionar 15 millones; Movimiento Social y Encuentro Social con tres cada uno, hasta 7.5 millones; mientras Nueva Alianza, Partido Verde y Partido del Trabajo con dos cada grupo parlamentario, 5 millones cada bancada.