Propone PAN tipificar como delito grave a la corrupción  

El diputado panista Víctor Hugo Gálvez presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para que los delitos como el abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el abuso en el ejercicio de funciones públicas, el cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos y de administración de justicia sean tipificadas como conductas delictivas graves. Así lo declaró en la sesión del legislativo en Teotihuacán, y fue enviada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso mexiquense. También el desfalco, sobornos, pagos irregulares, conflictos
diciembre 11, 2017

El diputado panista Víctor Hugo Gálvez presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para que los delitos como el abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el abuso en el ejercicio de funciones públicas, el cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos y de administración de justicia sean tipificadas como conductas delictivas graves.

Así lo declaró en la sesión del legislativo en Teotihuacán, y fue enviada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso mexiquense. También el desfalco, sobornos, pagos irregulares, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas y facturas con sobreprecio serían acciones catalogadas como delitos graves, lo que implicaría que se podrían juzgar a servidores públicos que realizaran estas infracciones.

En la misma sesión, el diputado del Partido Acción Nacional, Raymundo Garza Vilchis, presentó una propuesta de ley para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para que representantes indígenas estén presentes en las sesiones de cabildo y de la comisión edilicia de los Asuntos indígenas, recayendo la representación en un propietario y un suplente y que sean personas de diferente sexo, para garantizar la equidad de género y la representación de los derechos políticos de los grupos indígenas en el Estado de México. 

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