En un estado marcado por la tala ilegal en el sur, la contaminación del Río Lerma y la presión urbana sobre humedales y zonas de recarga hídrica, el Congreso del Estado de México analiza una reforma que elevaría hasta 18 años de prisión las penas por daño ambiental grave.
El diputado Javier Cruz Jaramillo propuso modificar el Código Penal estatal para fortalecer el castigo a quienes provoquen destrucción significativa de ecosistemas, afectaciones a especies de flora o fauna, contaminación con impacto en la salud pública o alteraciones al equilibrio ambiental.
Actualmente, los delitos contra el ambiente en el Edomex se sancionan con penas de dos a ocho años de prisión.
La propuesta plantea ampliar el rango de seis a 12 años. Además de permitir que la condena aumente hasta en una mitad cuando existan agravantes, lo que llevaría la sanción máxima de 18 años.
Tala ilegal y presión hídrica en el Edomex
La discusión ocurre en paralelo a casos que han marcado la agenda ambiental mexiquense. En Ocuilan, la tala ilegal ha sido denunciada durante años como un fenómeno persistente en zonas estratégicas del corredor del Nevado de Toluca, fundamentales para la captación de agua que abastece al Valle de Toluca.
Mientras que en municipios industriales del Valle de Toluca, la contaminación del Río Lerma ha generado reportes constantes por descargas que deterioran la calidad del agua y afectan a comunidades ribereñas.
Además, en la región oriente, colectivos han advertido sobre la fragmentación de humedales en Texcoco y Atenco ante el avance urbano.
Aunque estos casos se investigan bajo distintas figuras jurídicas, organizaciones ambientales han señalado que el daño acumulado exige una respuesta penal más sólida.
Nuevas conductas y agravantes
La iniciativa incorpora como delitos la contaminación por microplásticos, el manejo inadecuado de residuos electrónicos. Así como la omisión de medidas de mitigación en proyectos de alto impacto ambiental.
También tipifica la obstaculización o destrucción de sistemas de monitoreo ambiental, sensores y estaciones meteorológicas.
Se contemplan agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica o especies en peligro de extinción. Así como en casos de abuso de autoridad o colusión empresarial.
En tribuna, el legislador sostuvo que los impactos ambientales generan consecuencias prolongadas y riesgos directos para la salud humana y la economía local.
Impunidad y acceso a la justicia ambiental
Según informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una parte significativa de las denuncias por delitos ambientales en el país no concluye en sentencia firme, lo que ha llevado a organizaciones a insistir en que las reformas penales deben acompañarse de mayor capacidad institucional para investigación, peritajes técnicos y seguimiento judicial.
Cabe destacar que la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.
Síguenos