La diputada Claudia Desiree Morales Robledo propuso sancionar hasta con ocho y 10 años de prisión, y con la inhabilitación de por vida para desempeñar cualquier cargo en instituciones educativas al personal docente o administrativo de escuela pública o privada, respectivamente, que se aproveche de su posición para cometer hostigamiento o acoso sexual.
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La iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, ambos de la entidad, también impulsada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, plantea además aumentar las penalidades, para imponer de dos a cuatro años de prisión, a quien, con fines de lujuria asedie a una persona subordinada, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía.
La iniciativa, busca eliminar lagunas legales e imponer sanciones que inhiban este delito, toda vez que los menores de 5 a 17 años son quienes más los sufren, sobre todo en instituciones públicas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que en las escuelas secundarias se registran 42.5% de los casos, en primarias 36%, en preescolares 10% y en el nivel superior 9%.
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La Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guanajuato son los primeros lugares a nivel nacional por este delito.
La iniciativa será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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