Con la aprobación de la Ley Integral para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México se reconocerán estas actividades como de interés público, garantizando la libertad de expresión y la defensa de los derechos de quieres las llevan a cabo, aseguró la diputada Azucena Cisneros Coss, por lo que insistió en la importancia de “darle paso”.
Lo anterior, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Comité Permanente de Comunicación Social de la 60 Legislatura, en la que las que las y los diputados coincidieron en la urgencia de aprobar esta ley.
Azucena Cisneros señaló que desde el día que presentó la iniciativa ante el Pleno (el 25 de abril de 2019), en nombre del Grupo Parlamentario de morena, ha sido nutrida con las opiniones y observaciones de periodistas de toda la entidad, de integrantes de organismos defensores de derechos humanos y de dependencias del gobierno del estado, entre ellas la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia.
Señaló que está basada en la Ley Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y que toma en cuenta la ley de la Ciudad de México y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, además de que fue revisada también por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y por el Comité de Comunicación del Congreso.
Entre las aportaciones recibidas, destacó la sugerencia de que se incluya el enfoque de género, la obligación del Estado de cumplir con lo mandatado, la clarificación de la Unidad de Reacción Inmediata y de las medidas urgentes de protección, y que las policías municipales se sumen a las labores de reacción rápida. En este sentido, precisó, el proyecto contiene una serie de obligaciones jurídicas de las diversas instancias, delos poderes del estado, los organismos autónomos y los municipios.
Su compañera de bancada Beatriz García Villegas promovió que la ley haga uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género, y que se suprima la definición del derecho de libertad de expresión, ya que se trata de un derecho humano ya reconocido en la norma suprema constitucional.