■ Negocios criminales normalizados;
■ Poder que se evalúa en silencio;
■ Instituciones a prueba de coherencia.
El poder rara vez se explica a sí mismo. Prefiere evaluarse en privado, corregirse sin testigos y comunicar solo lo indispensable. Pero cuando los hechos se encadenan —violencia organizada en territorio, gabinetes evaluados en secreto, tribunales que frenan sanciones y un Poder Judicial que presume nueva legitimidad— la tarea no es aplaudir ni condenar, sino preguntar. Estas son las dudas que incomodan, porque apuntan hacia donde el discurso y la realidad todavía no coinciden.
La tala ilegal: crimen con protección
I. ¿De verdad alguien cree que esto es obra de raterillos del monte?
¿Quién sigue sosteniendo la ficción de que la tala ilegal es un delito de pobres desesperados con motosierras viejas? La logística, la organización y la capacidad de enfrentar a fuerzas federales revelan algo muy distinto: estructuras con control territorial, dinero y protección.
II. ¿Quién está detrás del negocio real de la madera ilegal?
El negocio no está en cortar árboles, sino en mover, transformar y vender la madera. ¿Quién compra, quién transporta y quién factura lo que sale de los bosques mexiquenses? Sin esa cadena, la tala sería inviable.
III. ¿Qué autoridades locales miran, callan o cobran?
En Xalatlaco, como en otros municipios forestales, nada ocurre sin conocimiento del poder local. ¿Qué funcionarios están enterados, quién otorga permisos simulados y quién avisa cuando habrá operativos?
IV. ¿Qué alcaldes y qué diputados locales están metidos hasta las manitas?
Este negocio no sobrevive sin protección política. ¿Qué presidentes municipales han normalizado la tala y qué diputados gestionan silencios, presupuestos o reformas que convenientemente no llegan?
V. ¿Dónde queda el dinero?
La pregunta más incómoda de todas. ¿A qué bolsillos llega el dinero de la tala ilegal? ¿Se lava en negocios locales, financia campañas o compra lealtades políticas y sociales mientras los bosques desaparecen?
El gabinete evaluado en secreto
I. ¿Quién decidió evaluar al gabinete en silencio?
Las evaluaciones ya se realizaron y casi nadie lo supo. ¿Quién optó por tratarlas como asunto reservado y no como información de interés público? ¿Qué se quiso evitar: debate, presión o rendición de cuentas?
II. ¿Quiénes salieron con notas brillantes?
Si hubo calificaciones sobresalientes, ¿con base en qué criterios se otorgaron? ¿Resultados medibles, impacto territorial o simple alineamiento político cuidadosamente administrado?
III. ¿Quiénes “cumplieron” y eso bastó para quedarse?
¿Desde cuándo hacer lo mínimo indispensable se considera mérito suficiente? ¿Cuántas áreas operan bajo la lógica de no estorbar en lugar de resolver problemas?
IV. ¿Quiénes pasaron de panzazo?
¿Cuántos cargos se sostienen por equilibrios internos y no por eficacia real? ¿Cuántas decisiones se tomaron por cálculo político y no por desempeño?
V. ¿Quiénes están reprobados y por qué siguen ahí?
Si hubo malos resultados, ¿qué pesa más: la evaluación o el costo político de removerlos? ¿Quién protege a quién cuando los números no acompañan?
Mariela: ruido, poder y ambición
I. ¿Qué es lo que realmente quiere Mariela?
Si su rebeldía se intensificó tras perder la dirigencia de Morena Edomex frente a Luz María Hernández, la duda es inevitable: ¿diferencia política genuina o derrota mal procesada?
II. ¿Qué es lo que realmente quiere Mariela?
Fuera del círculo político, su trabajo legislativo es casi invisible. Pocas iniciativas y nulo impacto nacional explican por qué hoy se habla más de ella por el ruido que por el desempeño.
III. ¿Qué es lo que realmente quiere Mariela?
Si la presidenta llamó a la unidad y al orden interno, el mensaje no fue gratuito. ¿Qué conductas hicieron necesario ese llamado y por qué insistir en colocarse en el margen?
IV. ¿Qué es lo que realmente quiere Mariela?
Su conducta recuerda demasiado a la de los viejos senadores del PRI: bajo perfil legislativo y alta exposición cuando conviene. ¿Cambio de proyecto o repetición de prácticas?
V. ¿Qué es lo que realmente quiere Mariela?
La pregunta final es de intención: ¿temas de Estado o simple politiquería para mantenerse vigente cuando el desempeño no alcanza?
El Tribunal que protege al pasado
I. ¿Está el Tribunal de Justicia Administrativa al servicio de quién?
Durante años, el Tribunal ha funcionado como dique frente a sanciones reales. ¿Protege al interés público o a la vieja clase administrativa que encontró ahí su último refugio?
II. ¿Por qué ahí se frenan los asuntos verdaderamente graves?
Casos documentados de obras pagadas y no ejecutadas y contratos simulados se estrellan en ese órgano. ¿Incapacidad técnica o resoluciones diseñadas para que nada pase?
III. ¿Quién convirtió al Tribunal en una muralla de impunidad?
No son errores aislados, sino un patrón. ¿Qué magistraturas, criterios y prácticas internas consolidaron ese papel durante el régimen anterior?
IV. ¿Qué significa realmente renovar su presidencia en enero?
No es un trámite administrativo, es una decisión política de fondo. ¿Continuidad del dique o apertura a un órgano que sancione en serio?
V. ¿Aprovechará el gobierno esta oportunidad o la dejará pasar?
Para un gobierno que dice combatir la corrupción, esta renovación es una prueba de coherencia. ¿Purificación institucional o herencia intacta con nuevo discurso?
Un Poder Judicial votado, ¿y luego?
I. ¿Qué ganó realmente el pueblo al votar al Poder Judicial?
Se rompió la designación directa del gobernador, pero la pregunta es concreta: ¿esa legitimidad se traduce en mejor justicia o solo en validación simbólica?
II. ¿Se rompió de verdad la subordinación al Ejecutivo?
Si antes el presidente del Tribunal respondía al poder político, hoy ¿a quién responde? ¿Al mandato ciudadano, a la ley o a inercias internas que sobreviven al cambio?
III. ¿Actúan distinto jueces y magistrados?
Más allá del discurso, ¿se observa un cambio real en sentencias y procesos? ¿Mayor apego a la ley y a las víctimas o la misma lógica burocrática de siempre?
IV. ¿La justicia es hoy más sensible a las víctimas?
El relato habla de justicia con rostro humano, pero ¿eso ya se refleja en tiempos de resolución, trato y protección efectiva?
V. ¿Falta tiempo o falta decisión para que el cambio sea real?
La duda final es decisiva: ¿transición auténtica en proceso o una oportunidad histórica que puede diluirse sin presión pública?
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