■ Municipios fallidos y alcaldes impunes;
■ Representantes invisibles y legisladores en tránsito;
■ Partidos ricos, ciudadanía ausente.
El Estado de México concentra poder, población y presupuesto como ninguna otra entidad del país, pero también concentra una anomalía persistente: la distancia entre quienes gobiernan y quienes pagan el costo del desgobierno. Municipios colapsados, alcaldes intocables, representantes federales desconocidos y partidos políticos que administran recursos públicos sin que la ciudadanía tenga claridad ni control sobre su uso. Esta entrega de Malditas Dudas no acusa personas al azar ni se refugia en abstracciones cómodas. Formula preguntas incómodas, de esas que rara vez aparecen en el discurso oficial, porque cuando el poder deja de rendir cuentas, la opacidad se vuelve sistema.
I. ¿Cuáles son los peores municipios y quién los gobierna?
El problema municipal en el Edomex ya no es abstracto ni estadístico: tiene nombre, territorio y responsables políticos, aunque muchos prefieran esconderlos detrás de la palabra “contexto”. Hay municipios donde la incompetencia es tan profunda que ni siquiera alcanza a ser corrupta; otros donde la corrupción es tan estructural que ya no necesita disimulo, y algunos más donde la grilla interna define todas las decisiones, incluso las que afectan agua, seguridad o servicios básicos. La pregunta incómoda no es si hay municipios fallando, sino cuáles son los peores, por qué siempre aparecen en la misma lista y qué tipo de alcalde los gobierna. Porque no todos fallan igual: hay ediles rebasados, ediles voraces y ediles obsesionados con la intriga. Y cada uno produce un desastre distinto.
a) ¿Dónde están los alcaldes más incompetentes y qué los distingue?
No necesariamente en los municipios más pobres, sino en aquellos donde el cargo se entendió como premio político y no como responsabilidad administrativa. Son gobiernos que improvisan, que no conocen su presupuesto, que no planean y que reaccionan tarde a todo. Ahí la incompetencia no es un accidente: es el método. Municipios que viven apagando fuegos porque nunca supieron construir una agenda mínima de gobierno.
b) ¿En qué municipios la corrupción dejó de ser escándalo y se volvió sistema?
Ahí donde los problemas se repiten trienio tras trienio sin consecuencias reales. Donde hay denuncias, observaciones, rumores, investigaciones… pero nadie cae. En esos municipios, la corrupción no paraliza al gobierno: lo organiza. La obra pública, la nómina, las concesiones y los contratos no son instrumentos de política pública, sino moneda de cambio dentro de redes locales de poder.
c) ¿Dónde la grilla política gobierna más que el ayuntamiento?
En los municipios donde el cabildo es campo de batalla permanente, donde las decisiones se toman pensando en la siguiente candidatura y no en el siguiente problema ciudadano. Ahí, la política dejó de servir para gobernar y solo sirve para bloquear, negociar o sabotear. Son municipios donde todo conflicto es interno, pero todo costo es externo y lo paga la población.
d) ¿Por qué los mismos municipios concentran incompetencia, corrupción y conflicto?
Porque son territorios donde el poder municipal es botín, no encargo. Donde el alcalde gobierna con redes, no con instituciones; con lealtades personales, no con reglas. Ahí no importa el partido: importa la lógica. Y mientras esa lógica no se rompa, los nombres cambian, pero el desastre se repite.
II. ¿Por qué casi ningún alcalde está en la cárcel… si razones sobran?
La cifra es brutal por lo que no muestra: en el Edomex, los alcaldes en prisión son la excepción, no porque gobiernen bien, sino porque el sistema está diseñado para no tocarlos mientras sirven. La corrupción municipal es amplia, conocida y documentada, pero selectiva en su castigo. Se tolera, se administra y solo se sanciona cuando deja de ser funcional. La pregunta incómoda no es cuántos están presos, sino por qué casi ninguno lo está, aun cuando los indicios, auditorías y denuncias se acumulan como expediente eterno.
a) ¿Cuántos alcaldes están presos y por qué son tan pocos?
Muy pocos, casi anecdóticos, y la mayoría cuando ya no gobiernan. El mensaje es claro: mientras el alcalde sea útil, opere políticamente o garantice estabilidad territorial, la justicia espera. La cárcel no castiga el delito, castiga la pérdida de protección. En el Edomex, no hay impunidad generalizada: hay impunidad administrada.
b) ¿Cuántos más deberían estar investigados seriamente?
Decenas. No por sospecha moral, sino por criterios técnicos: observaciones graves no solventadas, denuncias penales archivadas, reincidencia administrativa, patrimonios inexplicables, redes familiares incrustadas en la nómina o la obra pública. El problema no es la falta de casos, es la falta de voluntad para convertirlos en procesos.
c) ¿Por qué no están presos si muchos son unos pillos conocidos?
Porque el poder municipal funciona como moneda de cambio. El alcalde administra votos, territorio, silencio o control social. A cambio, recibe tiempo, protección o archivo. La fiscalización se vuelve negociación, y la justicia, herramienta política, no institucional. En este esquema, el corrupto no cae por robar, cae por estorbar.
d) ¿Cuántos alcaldes están vinculados al crimen organizado y por qué casi nunca se dice?
Muy pocos aparecen judicializados, pero muchos más operan en zonas grises: tolerancia, omisión, acuerdos de facto, policías municipales capturadas o neutralizadas. No siempre hay “alcalde narco”, pero sí municipios funcionales al crimen, y eso también es responsabilidad política. El silencio no absuelve: administra la convivencia.
III. ¿A quién representan realmente los senadores del Edomex?
Si se preguntara en la calle cuántos senadores tiene el Edomex, la mayoría no sabría responder. Si se preguntara quiénes son, el silencio sería todavía más elocuente. No es ignorancia ciudadana: es irrelevancia política. El Edomex, con más de 17 millones de habitantes, tiene tres senadores formales, pero carece de una representación reconocible, activa y territorialmente presente. El Senado —en teoría, la cámara de los estados— se ha convertido en una instancia donde los senadores mexiquenses no hablan por el Edomex, sino desde su región, su partido o su coordinador.
a) ¿Cuántos mexiquenses saben quiénes son sus senadores y qué hacen?
Muy pocos. Fuera de sus bastiones locales, son figuras borrosas. No hay giras estatales, no hay informes territoriales periódicos, no hay pedagogía política. Para la mayoría de los mexiquenses, los senadores no existen en la vida cotidiana y un representante que no es reconocido difícilmente puede representar.
b) ¿Qué agenda han construido específicamente para el Edomex?
No hay una. No existe una agenda senatorial conjunta del Edomex, ni causas emblemáticas defendidas de forma sistemática. El trabajo legislativo se diluye en la lógica nacional, en la disciplina de bancada y en los cálculos personales.
c) ¿Escuchan a la gobernadora o siguen la línea de sus coordinadores?
La evidencia política es clara: gobierna el territorio, pero no conduce políticamente a los senadores. La brújula pasa por coordinadores nacionales antes que por Toluca.
d) ¿Son senadores del Edomex o senadores de su municipio de origen?
Son senadores con anclaje local y proyección personal, pero sin construcción política a escala del estado.
IV. ¿Sirven de algo los diputados federales del Edomex… o solo están en campaña?
El Edomex es la entidad que más diputados federales aporta a la Cámara, pero eso no se ha traducido ni en peso político proporcional, ni en beneficios visibles para el estado. La pregunta incómoda no es cuántos son, sino cuántos son conocidos, cuántos trabajan y cuántos ya están pensando en otra cosa.
a) ¿Cuántos diputados federales son realmente conocidos en sus distritos?
Muy pocos. Fuera de campañas y eventos partidistas, la mayoría es invisible.
b) ¿Qué han hecho de bueno, concreto y medible por el Edomex?
Son contados los casos de gestiones relevantes o agendas estatales consistentes.
c) ¿Cuántos ya están pensando en reelegirse o brincar a otro cargo?
Muchos. La Cámara funciona como antesala, no como destino.
d) ¿Para quién trabajan realmente los diputados plurinominales?
Para dirigencias y grupos internos, no para la ciudadanía concreta.
V. ¿Quién vive de los partidos y quién les cuida la caja?
Los partidos políticos no viven del aire ni de la fe democrática: viven de dinero público. En 2025, el financiamiento a partidos en el Edomex asciende a casi mil millones de pesos. No es una cifra opinable, es oficial. La pregunta incómoda no es cuánto reciben, sino si la sociedad sabe que los mantiene, en qué se gasta ese dinero y quién decide su uso real.
a) ¿Cuánto recibió cada partido y quién se llevó la mayor tajada?
El reparto responde a la fórmula legal, no al desempeño ni a la ética.
b) ¿Qué porcentaje de la población sabe que los partidos se pagan con sus impuestos?
Muy pocos lo tienen claro. La confusión protege.
c) ¿En qué se gasta ese dinero y quién revisa las cuentas?
Se fiscaliza, pero rara vez se sanciona con consecuencias personales.
d) ¿Son muy decentes los partidos y no se roban un solo peso?
No hay partido impoluto; hay responsabilidades diluidas.
e) ¿Quién decide cuándo, cuánto y dónde se gasta?
Las dirigencias, no la militancia.
f) ¿Cuántos políticos se han hecho ricos con ese dinero?
No hay padrón oficial, pero los indicios abundan.
El Edomex no sufre una crisis de representación por falta de cargos, sino por exceso de simulación. Municipios que no gobiernan, alcaldes que no rinden cuentas, legisladores que no representan y partidos que viven del erario sin explicar resultados. Todo existe, todo cobra, todo opera… pero poco responde. Tal vez la pregunta no sea quién gobierna realmente el Edomex, sino por qué llevamos tanto tiempo aceptando que nadie lo haga bien.
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