En la Ley, ¿quién propone, quién dispone y quién se opone?

La ley es política. Todas las normas implican acotar la conducta de alguien; eso significa ejercicio del poder y, consecuentemente, se trata de una acción política. En muchas ocasiones se presenta a la aplicación de la ley como un acto puro, aséptico, ajeno a la política, técnico, pero ello es un contrasentido. La política es un tipo de tecnología que inventó el hombre para permitir la vida en colectivo y la solución de problemas derivados de esa convivencia. Es, por lo tanto, un acto político el que prohíbe unas conductas o que permite otras.

Son actos políticos el reconocimiento de derechos a las personas y la delimitación del campo en el que puede actuar la autoridad. También son políticas las sentencias y las interpretaciones a la ley que hacen los juzgadores.

Si eso nos queda claro, es lógico plantear que las modificaciones constitucionales que están en curso, implican una reorganización política de la sociedad. Si antes, por ejemplo, no se reconocía en la Carta Magna la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y ahora sí, eso habla de nuevas condiciones políticas para la convivencia de género. Igualmente, si antes no se reconocía a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y ahora sí, eso es una recomposición política. Así podemos seguir enumerando las ya muy numerosas reformas constitucionales recientes (en menos de un mes) en distintos ámbitos.

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Ahora, si se trata de actos políticos, lo que no debe perderse de vista es quién los hace, cómo los hace, qué resistencias enfrenta y qué condiciones políticas genera de cara al futuro. Me refiero, específicamente, a la correlación de fuerzas políticas que se termina reflejando en la ley. Siempre habrá, en ese juego político de legislar, quién propone, quién dispone y quién se opone.

Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo durante más de tres décadas, en nuestra Constitución y leyes derivadas, los tecnócratas proponían, los diputados y senadores de derecha disponían y, por su parte, los partidos de izquierda se oponían.

Tiempos de cambio

Hoy las cosas han cambiado y se nota. Lo que quisiera subrayar en este texto es que tanto quien propone, como quien dispone, debe calcular qué tanta resistencia enfrentará de quien se opone. Por ejemplo, hace poco más de una década, en el año 2013, desde los oráculos neoliberales se propuso privatizar el sector energético nacional; los partidos PRI, PAN y PRD firmaron un “pacto” para disponer en la constitución las condiciones para que ello ocurriera; la oposición corrió a cargo de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, que ya se perfilaban para conformar una nueva fuerza política. Su resistencia se volcó a las calles, miles y miles tomaron las plazas públicas, celebraron mítines, reunieron firmas y alzaron la voz para advertir que ello favorecía a una minoría y representaba diversos perjuicios para el grueso de la nación. Hubo, pues, una resistencia notable.

En contraste, en las últimas semanas, la resistencia a las reformas constitucionales se ha limitado a las mesas de análisis de algunos medios, a redes sociales digitales y a la manifestación cada vez más desgastada de los trabajadores del Poder Judicial. No se trata de una oposición amplia, organizada, articulada y liderada por una o varias figuras notables.

Quienes están proponiendo y disponiendo lo han hecho de manera avasalladora. Eso es lo que ha permitido que, en cuestión de horas o días, hayan pasado iniciativas de muy diverso orden que hoy ya son parte del texto constitucional. Hoy ya empieza a quedar clara la nueva Constitución que tendremos (“igual, pero diferente”, como lo dijimos en este mismo espacio hace unas semanas).

¿Quién se opone?

El PRI, el PAN y MC no tienen la capacidad política para movilizarse, para convocar a la ciudadanía y articular un movimiento que se oponga, con fuerza, a las reformas. Es una oposición decadente, que va en picada, que se está peleando internamente por quedarse con los cada vez más reducidos espacios y presupuestos partidistas, al tiempo que observa cómo se marchan sus militantes y operadores electorales. Aunque lo desearan, no tienen forma de oponerse a tantas reformas.

Desde otros espacios de poder, como el empresariado o los corporativos mediáticos, fieles a su costumbre, se oponen de manera soterrada. Hacen política mediata, a través de cabilderos, de voceros y con presiones implícitas (especulación financiera, amago de retiro de inversiones, etc.).

Tenemos, pues, una correlación de fuerzas políticas inédita. Hace décadas que un partido político no tenía tanto poder como hoy lo tiene Morena. A los poderes fácticos no les incomodaba tanto quién estuviera presidiendo o legislando, porque siempre tenían a la mano el recurso de que el Poder Judicial les favoreciera (con amparos para no pagar impuestos, son suspensiones de actos de autoridad que les implicaban obstáculos para sus negocios, con sentencias inatacables para librar la cárcel, etc.).

Ese era un dique seguro, donde llevaban siempre las de ganar, con recursos jurídicos rebuscados (no necesariamente justos), con jueces y magistrados “comprensivos”, con ministros “afables” y siempre obsequiosos para con ellos.

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Hoy que ese dique se reconfigurará (con la elección popular de jueces, magistrados y ministros), la oposición no puede correr a cargo de los partidos políticos menguantes. A causa de ello se ha tenido que echar mano solo de la fuerza mediática, aunque ello ya no suele tener la eficacia de antes. La televisión ha perdido fuerza, la prensa escrita se desdibuja como fuente de información y las redes sociales son demasiado volátiles y simplistas como para usarlas de manera efectiva. Y, sin embargo, lo están intentando.

Deben hacerlo porque la ley es política e importa mucho lo que en ella queda plasmado, dado que limita o empodera a los actores sociales.

Por último, hace falta poner un matiz que requeriría desarrollarlo en otra ocasión: una vez que la correlación política de quien propone, dispone y se opone queda plasmada en la ley, viene la dinámica de ejercer los derechos, hacerlos valer, defenderlos y volverlos realidad. No basta que la ley disponga algo si no hay actores que lo lleven a la convivencia diaria y estén dispuestos a defender y dirimir.