La carrera de Rafael González Osés Cerezo ha estado marcada por su cercanía con gobiernos priistas, especialmente durante el sexenio de Eruviel Ávila, cuando fue Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Estado de México (2015-2017). En ese tiempo, ocupó el segundo cargo en jerarquía bajo Luz María Zarza Delgado, entonces consejera jurídica del gobierno mexiquense y hoy aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Promotor de la Ley Atenco
La visión judicial de González Osés Cerezo está íntimamente ligada a su papel como promotor de la polémica Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, conocida como Ley Atenco, impulsada por Eruviel Ávila. Esta norma buscaba institucionalizar el uso de la fuerza letal por parte de policías estatales y municipales contra manifestantes, tras años de conflicto en San Salvador Atenco por la oposición al megaproyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), un conflicto que ya había dejado una marca profunda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, responsable de la represión de 2006.
En 2016, mientras diputados de Morena impugnaban la ley ante la SCJN, González Osés, junto con la entonces consejera jurídica Luz María Zarza, envió un oficio en su defensa. Sin embargo, la Corte, bajo la ponencia del ministro Alfredo Pérez Dayán, la declaró inconstitucional por carecer de restricciones claras al uso de la fuerza, violando principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La SCJN subrayó que la ley otorgaba márgenes arbitrarios de discrecionalidad para usar armas como primera opción, alejándose de los estándares internacionales en derechos humanos.
“La ley sí viola dichos principios ya que da un margen arbitrario de discrecionalidad para el uso de las armas como primera opción, debiendo estar sujetos a un límite jurídico con estándares indispensables en derechos humanos”, señaló la SCJN en un resumen sobre la sentencia del caso.
Entre lo privado y lo público
Además de su carrera en el sector público, González Osés es accionista de Camiones, Autobuses y Servicios S.A. de C.V., empresa familiar fundada en 1997.
Aunque la compañía tuvo poca relación con contratos gubernamentales (apenas una licitación menor en 2002), enfrentó seis embargos del SAT en 2007 por un monto total de 3 millones 982 mil pesos por falta de pago de impuestos. Posteriormente, en 2013, recibió una condonación fiscal de casi 5 millones de pesos por “cumplir con los requisitos previstos en el artículo 3º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal” de ese año, coincidiendo con su ingreso al gobierno estatal en la recién creada Consejería Jurídica del Ejecutivo de Eruviel Ávila.
En el Poder Judicial Federal, González Osés inició como oficial judicial en 2001, luego actuario judicial en 2003, y en 2004 secretario de acuerdos y proyectista, elaborando sentencias penales. En 2017, Eruviel Ávila lo propuso como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (hoy TRIJAEM), donde ocupa un asiento en la Segunda Sección de la Sala Superior.
Propuesta y cuestionamiento
Actualmente, Rafael González Osés Cerezo busca ser magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) para la región I de Toluca. Entre sus propuestas, destaca fortalecer los mecanismos de mediación y promover reformas legales para simplificar los procedimientos judiciales.
Sin embargo, su historial, que incluye vínculos con leyes declaradas inconstitucionales, cercanía con figuras priistas y señalamientos de favores políticos, podría convertirse en tema de escrutinio en esta contienda judicial clave.
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