Toluca, Méx.- La LIX Legislatura mexiquense aprobó en comisiones reformas constitucionales en materia de disciplina financiera, con las que se establecen mayores controles en la contratación de deudas.
En sesión, la vocera del PRD, Juana Bonilla Jaime, quien fungió como secretaria en la sesión informó que hubo varios ajustes como la obligación de los Ejecutivos estatal y los municipales de consultar a los diputados, en el primer caso, y a los cabildos, en el segundo, antes de contratar nuevos financiamientos. También destacó que todos los gobiernos deberán dar a conocer las deudas que dejan a las siguientes administraciones.
Además, se acordó , la existencia de un registro único de deuda y una mayor fiscalización de los recursos públicos.
Durante el trabajo de las comisiones legislativas, los legisladores locales de varias bancadas, sobre todo de Morena, PRD y del PT advirtieron que si bien las medidas son necesarias, se quitan atribuciones al Congreso y a los municipios, por lo cual pidieron estar atentos a que los ediles no traten de contratar deudas justo a unos meses de las elecciones a gobernador.
En reunión presidida por el diputado Raymundo Martínez Carbajal, del PRI, se expuso que la creación de una Ley de Disciplina Financiera en la Entidad permitirá generar mayores revisiones al uso de los recursos públicos a fin de tener un gobierno que se conduzca en la transparencia, permita una correcta rendición de cuentas, el combate a la corrupción y se garanticen mejores resultados a la ciudadanía.
La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, del PRD, planteó que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar en conjunto para que exista equilibrio, aunque subrayó que la propuesta aminora las facultades de la legislatura, ya que sí los municipios adquieren créditos a corto plazo, no reportarían tal solicitud, situación que no consideran conveniente.
La diputada Areli Hernández, del PAN, expuso que este tipo de reformas si bien representa un gran avance, es en sí un retroceso, ya que la Legislatura se ha constituido en el copia y pega de las determinaciones federales.
Además expuso que no se ha realizado un estudio exhaustivo de los municipios y del presupuesto que maneja el Estado de México, que es de los mayores a nivel federal.
El legislador Carlos Sánchez, del Partido del Trabajo, señaló que en el papel se ve atractivo, pero que hay algo más de fondo: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, algunos partidos y diputados. Además consideró que se quita atribuciones a los municipios.
“Preocupa algo más de fondo: no vaya a ser que con este tema, al presidente municipal le vayan a decir con qué banco acordar, que gire instrucciones la Secretaría de Finanzas para adquirir créditos. No dudamos que haya beneficios para la ciudadanía, que haya quienes la apliquen bien. Pero hay suspicacia, ya que se enmarca de cara a un proceso electoral”, apuntó.
Por su parte José Francisco Vázquez de Morena, cuestionó que esta medida se presente “casualmente” a 9 meses de una transición importante en el Estado de México. “Morena está claro de que el Estado de México requiere presupuesto con carácter social real, no solo de ampliación en salud y desarrollo social. Necesario que esos rubros lleguen a la gente y no se usen para cobro y clientelismo de los mexiquenses. Hoy el pueblo está cansado, desconfiado. Esperemos que sea real esta disciplina financiera, que no se ocupe en cosas que dañen a los mexiquenses. Hoy nos están de nuevo mutilando las facultades del poder del legislativo”.
En tanto Pablo Peralta García del PRI, aseguró que en el contenido se observan mecanismos y bases establecidos en la ley federal y representa un alineamiento normativo que la entidad debe realizar para “cumplir con ordenamientos de superior jerarquía”.
Tras ello, el dictamen y proyecto de decreto de reformas constitucionales se aprobó por unanimidad de votos.
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