La burocracia electoral federal continuará recibiendo abultados salarios, algunos de entre cuatro y hasta seis millones de pesos por año y no podrán reducirlos ni en un diez por ciento, como ellos mismos, en un gesto de austeridad republicana, se habían propuesto.
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el INE no tiene atribuciones constitucionales para reducirse los salarios.
Los consejeros querían, con esta reducción a sus ingresos, generar ahorros a la institución por al menos once millones de pesos anuales, pero la Sala Superior consideró que la medida es “un vicio de inconstitucionalidad por incompetencia”.
Las instituciones electorales están entre las instancias más mimadas por el presupuesto público, aprobado con toda generosidad por el honorable Congreso de la Unión y sus partidos políticos.