En un juicio ante los tribunales mexicanos casi nunca se trata de hacer justicia, sino de administrar un proceso. Así es, la dinámica procesal, la actitud de los jueces, las argucias de la defensa, los enredos de las fiscalías, las implicaciones políticas y el factor del dinero, junto con el cúmulo de factores que inciden en muchos casos hacen que, al final de la ruta, la justicia sea lo de menos.
Administrar el proceso es lo que hace el juez y ello significa que tiene un espacio muy amplio para encontrar la manera de beneficiar a quien se desee o perjudicar a quien se le pida. El juez tiene la facultad legal de ponderar pruebas, agravantes, conductas, alegatos, etcétera. Esa facultad le permite dar o restar peso a algo. ¿Con base en qué criterio? Uno esperaría que con criterios fundamentales para la justica como proteger a las víctimas, resarcir el daño, no permitir la impunidad y evitar riesgos a la sociedad. Sin embargo, se acumulan los casos en los que parece que los criterios para ponderar que tienen los jueces son otros.
La semana pasada (convenientemente en días de vacaciones, en plena Semana Santa) un juez (cuya identidad fue protegida) nos corroboró lo anterior: dejó en libertad al exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, acusado de secuestro. No obstante que este se mantuvo prófugo de la justicia, que se sabe que cuenta con los medios para sustraerse de la autoridad, incluso salir del país y nuevamente evadir la acción de las autoridades. ¿Cuál fue el argumento ponderado por el juzgador para dejarlo salir de prisión? Problemas de salud derivados del estrés y ansiedad que le provoca el proceso que se le sigue.
Para el juez o jueza que tomó tal decisión, pesa más la incomodidad del ex alcalde que dejar en la población entera la sensación de impunidad. Pesa más que el señor no pueda dormir a que ello le ocurra a las víctimas. Es más importante que el acusado no pase privaciones a que su víctima se sienta en riesgo. Pesa más que no se vaya a enfermar el secuestrador y no que se entienda que las violaciones a la ley se deben castigar con rigor para evitar que se repitan.
En efecto, este es uno más de los casos en que con dinero, influencia política, amistades comprensivas y unos abogados oficiosos, pero poco escrupulosos, cualquiera puede evadir la cárcel. No importa de qué se te acuse, siempre podrás decir que tiene problemas de salud y así le darás al juez la manera de dejarte salir de prisión, donde solo deben estar los muertos de hambre que no tienen para pagar abogados o una fianza.
Raymundo Martínez Carbajal, quien solo ha tenido cargos públicos y partidistas, tiene, sin embargo, dinero suficiente para pagar la millonaria fianza. En su última declaración patrimonial decía tener un ingreso mensual neto de 78, 991 pesos (lo cual implicaría haber ahorrado todo un año de su sueldo para poder pagar el millón de pesos de fianza), pero es público que son de su propiedad varias casas, terrenos, autos, joyas, obras de arte y hasta caballos. Todo ello siendo solo burócrata. Además, hoy tiene para pagar una defensa legal que hizo las diligencias necesarias para conseguir que le concedieran el salir de la prisión para enfrentar en libertad el juicio que se le sigue.
El presunto culpable, en contra del que hay pruebas suficientes como para que el juez lo vinculara a proceso, ha sido beneficiado y a todos nos queda claro que ello se debe a su influencia política. Haber estado en el primer círculo del gobierno estatal, haber sido secretario general del PRI mexiquense y alcalde de la capital del estado le dieron las condiciones necesarias para hacerlas valer hoy que está sometido a juicio. Dinero, influencias y argucias legales. Punto. A eso se reduce hoy la impartición de justicia en su caso. Pero todos sabemos que no es el único, políticos de todo tipo, empresarios, juniors, líderes sindicales o de organizaciones criminales y otros personajes similares siempre encuentran la manera de no enfrentar la cárcel.
Desde hace unos días, él ya duerme en casa. Ya puede volver a operar políticamente para favorecer sus causas y administrar sus intereses. Ya sus abogados se encargarán de alargar el proceso, presentar recursos, amparos, ampliación de plazos, para hacer que el caso lleve años, que se le olvide a la gente y que su cliente pueda evitar el bochorno de estar de nueva cuenta en la cárcel.
Algunos hubiéramos esperado que la fiscalía hiciera mejor su trabajo, que el poder judicial valorara las nuevas condiciones políticas en la entidad, que los jueces ponderaran y decidieran imparcialmente, que el dinero no fuera factor para que alguien sea sometido a juicio de manera adecuada. En fin, no puede uno evitar el mal sabor de boca que deja siempre la impunidad.