El caso de Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, acusado de secuestro exprés con fines de extorsión hacia su exsuegro, lleva 18 meses en un limbo judicial: libertad condicionada con brazalete y un silencio persistente de medios de comunicación, instituciones, partidos políticos y víctimas. La Fiscalía insiste en que debe volver a prisión; el Poder Judicial del Estado de México aún no resuelve si revierte la medida cautelar.
En conversatorio con AD Noticias, en agosto de 2025, el actual alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, aseguró no tener información detallada sobre el estado procesal del exalcalde. Explicó que Raymundo Martínez solicitó al Ayuntamiento información y el pago de compensaciones por salarios caídos, sin embargo, perdió ante el Tribunal Electoral.
“Evidentemente, en el Tribunal Electoral, perdió. Lo intentó por la vía laboral y, tengo entendido, ya también se culminó ese proceso y no ha sido condenado el Gobierno Municipal. Y el tema de las auditorías, creo que sigue su curso”.
Moreno subrayó que no interviene en el proceso penal:
“Yo tengo que manejar un claro precedente: que las instituciones funcionan. A mí las venganzas no me gustan. No es venganza, es justicia. Y para que haya justicia, hay que dejar en plena libertad a las instituciones del Estado mexicano para que hagan su labor; pero eso sí, hay que también exigirles”.
Caso
Raymundo Martínez fue acusado de secuestro exprés en la hipótesis de privar de la libertad para ejercer el delito de de extorsión a su exsuegro, Óscar Emilio Rodríguez Cruz. El 12 de abril de 2023 habría sucedido el delito contra el padre de Viridiana Rodríguez, exdirectora del DIF municipal y exesposa del entonces alcalde de Toluca. Ante esto, Rodríguez denunció a Martínez Carbajal y a otros seis funcionario.
Hasta enero de 2024 se detuvo a Raymundo Martínez en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, después de estar 55 días prófugo. Ese mismo mes, una jueza decretó prisión preventiva.
En marzo de 2024, se cambió la medida cautelar por un juez cuyo nombre resguardó el Poder Judicial del Edomex. Sin embargo, Viridiana Rodríguez, en exclusiva con AD Noticias, reveló que fue Pablo Ortiz González. El exalcalde salió del penal de Santiaguito tras pagar una fianza de un millón de pesos y se encuentra en prisión domiciliaria este 2025.
Cronología
Delito
En noviembre de 2023, la expresidenta del DIF Toluca, Viridiana Rodríguez, acusó a su exesposo, el exalcalde Raymundo Martínez, de violencia física, emocional y sexual durante 12 años.
En un video difundido en Facebook, relató episodios de maltrato vinculados con actos de intimidación, corrupción y abuso de poder en el gobierno municipal.
Sus declaraciones se sumaron a la detención, ocurrida en abril de 2023, de su padre Óscar Emilio Rodríguez Cruz. Esta fue ejecutada sin orden judicial por unos 40 policías bajo el mando de Iván Zepeda y el comandante Flores Serrano.
Según Viridiana Rodríguez, la Fiscalía estatal y la Fiscalía de Género la obligaron a firmar desistimientos ilegales bajo amenazas de sanciones económicas.
También denunció irregularidades dentro del DIF, como la desaparición de materiales y documentos. Señaló la renuncia de Arturo López Zepeda tras denunciar a su padre como parte de una red de corrupción. Afirmó que estas tensiones motivaron su destitución de la presidencia del DIF y el nombramiento del hijo del alcalde de ese entonces como presidente honorario.
Entre los servidores públicos mencionados por Rodríguez se encontraban Andrés Vergara Mañón, Marian Díaz Solano, el notario Erick Santín y Rodrigo Alonso Aliaga.
Raymundo Martínez negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que tanto el divorcio como el acuerdo de confidencialidad ya habían sido concluidos y juzgados, por lo que le sorprendieron las declaraciones de su exesposa.
Detención
A finales de noviembre de 2023 se desplegó un operativo de seguridad en Toluca de la Fiscalía mexiquense, la Guardia Nacional y el Ejército.
El 27 de noviembre, Raymundo Martínez fue dado de baja como servidor público. Finalmente, tras aproximadamente 54 días prófugo, fue detenido el 18 de enero de 2024 en la CDMX.
En marzo de 2024, el exregidor Mario Cardoso presentó una denuncia penal contra Martínez por presuntos actos de corrupción, acusándolo de cinco delitos:
- Abuso de autoridad
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Ejercicio abusivo de funciones
- Peculado
- Agravio a la hacienda pública municipal.
Según Cardoso, el desfalco ascendió a 237 millones 585 mil pesos, aunque el Órgano Superior de Fiscalización detectó irregularidades por más de dos mil 577 millones.
Las auditorías señalaron adjudicaciones directas sin sustento, desvío de recursos, contrataciones indebidas, pagos de gasolina a vehículos no oficiales, obras inexistentes y proyectos simulados.
Vinculación a proceso
La audiencia inicial para determinar su vinculación a proceso comenzó el 19 de enero y terminó el 24 de enero de 2024, con un veredicto en su contra.
Una jueza de control lo vinculó a proceso tras considerar idóneas las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas, mensajes, audios, llamadas, testimonios y un diario personal.
Martínez permaneció en el penal de Santiaguito hasta marzo de 2024. Un juez le otorgó libertad condicional bajo arresto domiciliario y con brazalete electrónico, tras pagar una fianza de un millón de pesos. El argumento principal fue su estado de salud.
El 18 de marzo de 2024 concluyó el plazo fijado para el cierre de la investigación, con un expediente aún pendiente de incorporar peritajes psicológicos de las víctimas.
Durante este tiempo, Martínez permaneció en su residencia de San Fermín y, pese a las apelaciones de la Fiscalía, la medida cautelar se mantuvo.
En enero y febrero de 2025, tribunales federales confirmaron la vinculación a proceso y negaron los amparos promovidos por la defensa. Por ello, el juicio sigue abierto en el ámbito local.
Defensa de Raymundo
- En marzo de 2024, un juez federal le negó la protección contra la vinculación a proceso.
- En enero de 2025, un tribunal federal ratificó la negativa de amparo para desestimar el juicio por secuestro exprés con fines de extorsión.
- En febrero de 2025, otro tribunal federal confirmó la vinculación a proceso, lo que obligó al juez local a resolver la apelación de la Fiscalía sobre la medida cautelar.
La defensa intentó la acumulación procesal para unificar las causas penales que enfrenta Martínez junto con dos exfuncionarios de su administración (Andrés “N” y Saúl “N”).
De acuerdo con el diccionario panhispánico del español jurídico, la acumulación procesal es:
«Tramitación en un solo procedimiento de dos o más procesos compatibles que se iniciaron por separado y cuya acumulación obedece a razones de conexión que eviten el riesgo de sentencias contradictorias».
Sin embargo, en septiembre de 2024, un juez resolvió improcedente la acumulación, lo que obligó a suspender el proceso local hasta que se definieran los recursos federales.
Mientras tanto, aunque aún se encontraba en prisión, Raymundo Martínez Carbajal demandó al Ayuntamiento de Toluca el pago de sueldos, aguinaldo y prestaciones por un monto superior a 200 mil pesos.
Se planteó como una reclamación de derechos laborales derivados de su cargo como alcalde, pese a estar ya separado del mismo y sujeto a proceso penal.
Implicados
Otros implicados también enfrentaron procesos: Andrés Vergara Mañón, excoordinador de asesores, fue detenido en Nuevo León y más tarde obtuvo libertad condicional con fianza.
Saúl “N”, expolicía municipal, detenido en Zinacantepec, permanece en prisión preventiva.
Magali Ríos Campos y Jessica Edith Sánchez Chagollán, exfuncionarias de confianza, también lograron fianza.
Además figuran en la denuncia José Guadalupe Flores Serrano, los policías Héctor Hugo Medina y Benito Hernández, el notario Erick Santín y Rodrigo Alonso Aliaga.
Pese a la gravedad de los delitos, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, en contraste con miles de presos por delitos menores que siguen recluidos en cárceles mexiquenses.
El magistrado Jaime Santana Turral, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, tiene ahora en sus manos la resolución del proceso y aspira a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial.
Por su parte, el fiscal estatal José Luis Cervantes Martínez ha insistido en que Martínez debe volver a prisión.
La Fiscalía busca revertir la medida cautelar, pero la defensa ha promovido varios amparos que mantienen el juicio detenido en lo local. La incertidumbre procesal persiste: aún no se define si enfrentará la sentencia en prisión o continuará su defensa desde su residencia en San Fermín.
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