El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México supo con anticipación que Raymundo Martínez sería puesto en libertad, no solo no hizo nada para evitarlo, alentó al juez de la causa a que lo hiciera dándole las garantías de impunidad plena. La resolución del juez fue puesta a su consulta horas antes de ser comunicada al imputado. Los abogados defensores supieron mucho antes de consumado el acto que su cliente volvería a dormir cómodamente en casa.
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No hay que olvidar que fue desde el Poder Judicial desde donde se alertó a Raymundo sobre la orden de aprehensión en su contra, dándole oportunidad y tiempo para que se fugara y manteniéndose fugitivo durante 55 días. Algo huele muy mal, apesta, en ese caso.
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Lento, pero la Fiscalía finalmente reaccionó y anunciado que apelará la resolución del juez que, a pesar de sus antecedentes como prófugo, concedió al exalcalde toluqueño la libertad provisional. Se quedó cortó, debió elevar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que se inicie una investigación contra el juzgador bajo sospecha.
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No son días buenos para Toluca con el terrible mensaje de impunidad que envía la liberación del exalcalde bajo proceso por secuestro, el aire envenenado que se respira en el municipio, la escasez de agua potable en decenas de miles de hogares y la democracia en la capital entrampada por una sarta de políticos impresentables saltando de un cargo a otro.
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Origen es destino. A Ricardo Sodi lo hizo magistrado el peñismo por recomendación del inefable Humberto Castillejos. El mismo grupo lo promovió a presidente del Poder Judicial con la operación de Elías Rescala, Sodi fue su maestro en la Anáhuac. No es una casualidad que, en pleno proceso electoral con el gobierno de Toluca en juego, el exalcalde priista, y principal operador electoral en el municipio, haya sido puesto en libertad. Todo está conectado.
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