El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) confirmó que Raymundo “N”, exalcalde de Toluca, permanece bajo prisión domiciliaria y no ha sido exonerado del proceso penal que enfrenta por su probable participación en el delito de secuestro exprés para cometer extorsión.
De acuerdo con una tarjeta informativa, la medida cautelar fue impuesta por un juez de control del Distrito Judicial de Toluca durante la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2024 y continúa vigente. El documento establece que el exfuncionario debe portar un localizador electrónico y restringir su movilidad a espacios previamente autorizados:
- De su domicilio al órgano jurisdiccional, y viceversa.
- De su domicilio al Centro Estatal de Medidas Cautelares.
- De su domicilio a servicios médicos, personales o los de su entonces madre.
Fuera de esos desplazamientos, no puede circular libremente ni participar en actos públicos.
No está libre, sigue bajo proceso
El PJEM subrayó que la medida es una sustitución de la prisión preventiva, no una libertad plena. Por tanto, Raymundo “N” continúa bajo supervisión judicial, con la obligación de mantener activo el dispositivo electrónico que permite su localización en todo momento.
La aclaración se da luego de su reaparición pública en eventos recientes, lo que generó especulación sobre un eventual cierre del proceso penal. Raymundo «N» asistió a la misa del novenario en memoria de su madre, Imelda Carbajal Medrano. El evento se celebró en la Parroquia de San Bernardino de Siena, en el centro de la capital mexiquense.
El exalcalde se encuentra bajo prisión domiciliaria desde marzo de 2024 y fue captado entre los asistentes sin portar el brazalete electrónico que debía utilizar para su localización y monitoreo, de acuerdo con las medidas cautelares impuestas desde 2023. Hasta el momento, las autoridades judiciales del Edomex no han informado si contaba con permiso para asistir a la ceremonia o si su salida constituye una violación a las restricciones judiciales.
De acuerdo con el Reglamento para el otorgamiento del beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo del Edomex, el brazalete electrónico está diseñado para mantener comunicación constante entre el dispositivo y una base de datos. Cuenta con respaldos periódicos para registro y consulta. Debe usarse las 24 horas del día y solo puede retirarse una vez bajo condiciones expresamente autorizadas por las autoridades.
El reglamento también establece que las personas bajo arresto domiciliario pueden recibir permiso para asistir al funeral de un familiar consanguíneo, previa solicitud judicial.
Contexto
En el caso de Martínez, un juez ordenó su liberación bajo fianza de un millón de pesos, con condiciones específicas: portar el brazalete electrónico, presentarse semanalmente ante el juzgado y mantenerse alejado de su exsuegro, Óscar Emilio Rodríguez Cruz, quien lo denunció por secuestro exprés.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha insistido en que el exalcalde debe ser recluido nuevamente, aunque el Poder Judicial del Estado de México ratificó que la medida cautelar vigente es el arresto domiciliario con brazalete electrónico.
Actualmente, Martínez reside en el fraccionamiento Residencial San Fermín, al poniente de Toluca.
El proceso penal continúa abierto desde hace 18 meses. Aún no se determina si enfrentará la sentencia en prisión o si continuará su defensa desde su residencia.
Lo detuvieron el 18 de enero de 2024, tras 55 días prófugo, y lo recluyeron en el penal de Santiaguito. Sin embargo, el 25 de marzo, el juez Pablo Ortiz González le concedió un cambio de medida cautelar. Tras pagar la fianza, abandonó el penal al día siguiente. Desde entonces, lleva su proceso en libertad condicionada.
Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el delito de secuestro exprés con fines de extorsión se castiga con penas de 40 a 80 años de prisión. La sanción puede agravarse si se acredita allanamiento de morada sin orden judicial, circunstancia que se presenta en este caso, según los informes de la FGJEM.
A pesar de ello, Raymundo Martínez goza del privilegio de asistir a ceremonias, como la misa en honor de su madre. Mientras que otras personas privadas de su libertad no obtienen el mismo trato.
Desigualdad en justicia
Un caso que evidencia esta desigualdad es el de la activista Kenia Hernández, presa desde hace cinco años. Ella solicitó en septiembre de 2025 un permiso para acompañar a su madre en su funeral, pero se lo negaron.
Fue acusada de robo con violencia y detenida de forma irregular en el Edomex. La abogada, feminista y defensora afroindígena Kenia Hernández lleva casi cinco años privada de su libertad. Durante este tiempo no ha podido ver crecer a sus dos hijos, de 8 y 12 años. Su caso, aún sin resolución definitiva, evidencia la disparidad del sistema judicial mexicano, donde los privilegios parecen tener nombre y cargo.
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