Martín Alvarado Arriaga, abogado independiente y experto en materias administrativa y penal, pero sobre todo en derecho de amparo, señaló que el único escenario legal del alcalde prófugo de Toluca, Raymundo «N», es que lleve su proceso en prisión.
En entrevista para AD Noticias, el excolaborador del Poder Judicial de la Federación y del Estado, enfatizó que por la naturaleza del delito que se le atribuye al alcalde, que es un secuestro, estaría impedido de llevar su juicio en libertad.
Explicó que este tipo de delitos, considerados de alto impacto, ameritan la prisión preventiva oficiosa, según el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Esto significa que, si el alcalde es capturado, tendría que ir a prisión.
“La propia Constitución General de la República en el artículo 19, de su párrafo segundo, tiene un catálogo de delitos de alto impacto, en los cuales se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa, entre ellos están: violación, homicidio y secuestro. Esto quiere decir que, si se logra su captura, él ex alcalde ingresaría a un centro carcelario y no tendría la posibilidad de obtener su libertad”, explicó.
Sin embargo, el abogado indicó que es probable que la defensa del alcalde haya interpuesto un juicio de amparo para cuestionar la orden de aprehensión, razón por la que el alcalde estaría sustraído de la acción de la justicia.
Aunque, recordó que para delitos que implican prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, la suspensión no evita la captura.
“En este caso, reitero, el delito de secuestro está contemplado en el catálogo del 19 constitucional y entonces la suspensión no opera. Si se materializa la orden de aprehensión, no podría con un amparo, acudir al juzgado y seguir su proceso de libertad”, abundó.
Martín Alvarado detalló que el análisis del amparo se centra en la fundamentación y motivación de la orden de aprehensión, por lo que, si se le niega el amparo, la orden de aprehensión mantiene su vigencia, no obstante habría un último recurso, que es el de revisión, el cual podría interponer para tener más tiempo.
Contrariamente, dijo, si se demuestra la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión, esta quedaría sin efecto.
¿La evasión de la justicia eleva la pena del delito?
El abogado dio a conocer que la evasión de la justicia no eleva la pena del que se persigue.
Comentó que, el hecho de que una persona se encuentre sustraída de la acción de la justicia no tiene ninguna agravante, pues se entiende que el hombre por naturaleza tiende a preservar su libertad.
Por lo tanto, concluyó, que para el caso de Raymundo «N» no tendrá ninguna consecuencia negativa el haberse fugado.
¿Podría volver a asumir su cargo?
En cuanto a la posibilidad de que el alcalde prófugo regrese a su cargo, Alvarado Arriaga subrayó que, si es vinculado a proceso, pero acredita su inocencia, no podría ser inhabilitado. Sin embargo, los tiempos y la duración del juicio podrían hacer improbable su retorno durante su mandato.
En el caso contrario, resaltó, si él no fuera vinculado a proceso, porque se comprueba que es inválida la orden de aprehensión en su contra, entonces sí podría continuar ejerciendo el cargo, pues quedaría en libertad.
¿Cuánto puede durar el proceso para decidir su responsabilidad o inocencia?
El especialista en Derecho aclaró que, una vez detenida una persona, la ley contempla un plazo de dos años para culminar un juicio, pero en muchos casos suelen interponerse recursos por la medida cautelar, por la vinculación o no a proceso, por el auto de apertura o por muchas razones, lo que amplía la duración del proceso de sentencia.
En resumen, el panorama jurídico actual sugiere que el alcalde Raymundo «N» enfrenta serios obstáculos para llevar su proceso en libertad y para retomar su cargo en el corto plazo.
Penalidad
Martín Alvarado añadió que el delito presuntamente cometido por el expresidente municipal amerita una penalidad mínima de aproximadamente 40 años y una máxima que alcanza los 99 años de reclusión.
Detalló que aunque se cometió supuestamente en abril de este año, prescribiría como en 65 años, no obstante la orden de aprehensión tampoco seguiría vigente.
“Estaríamos en un escenario en el que podría estar evadiendo la acción de la justicia toda su vida y la orden de aprehensión seguiría vigente”, finalizó.
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