El conflicto que paralizó al municipio de El Oro continúa abierto. A pesar de la intervención del gobierno estatal y de los acuerdos alcanzados a finales de enero, los servicios públicos no se han normalizado y persisten dudas sobre el estado real de las finanzas municipales. La recolección de basura opera de manera irregular y no hay un informe público sobre las cuentas del Ayuntamiento.
La presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, reapareció esta semana en actividades oficiales tras varias semanas de ausencia. Su retorno, sin embargo, no se ha traducido en la regularización de los servicios ni en la resolución de los frentes de conflicto con el Cabildo y con distintos sectores de la administración municipal.
El 30 de enero, la alcaldesa encabezó la reapertura del rastro municipal, clausurado durante meses por incumplir normas mínimas de salubridad. También anunció actividades culturales en el Teatro Juárez y supervisó la rehabilitación del camino a Cerro Llorón, además de la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. Pese a ello, la recolección de residuos sólidos —una de las principales demandas ciudadanas— continúa sin operar con normalidad en diversas comunidades.
La crisis de gobernabilidad se agravó a finales de 2025, cuando trabajadores del organismo operador de agua suspendieron el bombeo por falta de pago. El 25 de octubre, hospitales, escuelas, comercios, viviendas e incluso el penal municipal quedaron sin suministro, lo que evidenció fallas graves en la operación administrativa.
A partir de ese momento, integrantes del Cabildo denunciaron la ausencia reiterada de la alcaldesa y el manejo irregular de los recursos públicos. Según el síndico municipal, Ubaldo Velázquez, los ingresos por impuestos no eran ingresados a la Tesorería y se tomaban decisiones sin el aval del órgano colegiado. El 4 de noviembre, el síndico y cuatro regidores solicitaron al Congreso local la destitución de Díaz Peñaloza, procedimiento que continúa sin resolución.
En enero de 2026, el tesorero municipal, Carlos Felipe Sánchez Florentino, informó que la alcaldesa asumió el control directo de las cuentas bancarias desde el 19 de diciembre de 2025. El funcionario se deslindó del manejo financiero y presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México por posibles irregularidades.
La presión social también aumentó. En noviembre de 2025, habitantes arrojaron bolsas de basura frente al Palacio Municipal, bloquearon accesos y retuvieron temporalmente a funcionarios. El 16 de enero de 2026, la protesta escaló con el lanzamiento de vísceras de animales frente al Ayuntamiento, en reclamo por fallas en la recolección de residuos, falta de agua potable, apagones y el cierre prolongado del rastro.
Ante el deterioro de la gobernabilidad, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, intervino como mediador. Entre el 20 y el 24 de enero se reunieron la alcaldesa, regidores, síndico y tesorero, lo que derivó en un acuerdo para mantener a Díaz Peñaloza en el cargo bajo supervisión del gobierno estatal.
Fuentes consultadas por AD Noticias señalaron que se planteó reforzar el control financiero y renovar hasta 90 por ciento del gabinete municipal. Sin embargo, esos cambios no han sido formalizados y no existe un reporte público sobre el análisis de las finanzas del Ayuntamiento.
Mientras tanto, los reclamos ciudadanos que detonaron la crisis —servicios interrumpidos, manejo opaco de recursos y falta de regularidad administrativa— siguen sin una respuesta de fondo.
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