La reaparición de Enrique Peña Nieto no fue una casualidad, sino un movimiento calculado. Lo hizo justo cuando se derrumba el sistema que, durante años, lo protegió: la Suprema Corte de Justicia que él mismo ayudó a construir. En un documental reciente, Peña defiende su proyecto del aeropuerto de Texcoco, pero el verdadero mensaje está en el momento en que lo dice: cuando la Corte ya no es la misma y su red de impunidad empieza a deshilacharse.
Este fin de semana, el expresidente rompió su largo silencio desde el extranjero y apareció en Texcoco. La decisión del presidente, producción del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Ahí, aseguró que el proyecto aeroportuario no incurrió en corrupción ni desvíos. “No se ha acreditado, ni probado, ni evidenciado un manejo irregular”, dijo con tono sereno, sin hacer referencia a los informes de la Auditoría Superior de la Federación que documentaron sobrecostos, cancelaciones millonarias y contratos poco transparentes.
Peña no habló antes, ni cuando se publicó el informe final de la ASF ni cuando se discutió su proyecto en el Congreso. Eligió este momento, cuando ya es un hecho consumado la renovación de la Suprema Corte, con nuevos ministros electos por voto popular, quienes asumirán funciones el próximo 1 de septiembre. A partir de esa fecha, se desvanecerá por completo la vieja estructura de protección que mantenía congeladas las investigaciones más delicadas.
Durante su sexenio, Peña nombró a dos ministros: Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández, quien incluso presidió la Corte a partir de 2023. Bajo esa configuración, varios litigios de interés empresarial —entre ellos, amparos por expropiaciones del NAIM— encontraron resoluciones favorables. La presencia de estos perfiles en el Pleno fue clave para mantener a salvo a varios actores del antiguo régimen.
Ahora, ese tablero ha cambiado. Con la entrada en vigor de la reforma judicial, la Corte comenzó a abrirse a perfiles independientes y electos por voto directo. Las nuevas ministras y ministros, quienes asumirán funciones en septiembre de 2025, representan un viraje en la lógica interna del tribunal. La salida de Piña marca también el fin simbólico de una etapa en la que la Corte protegía, o al menos contenía, los procesos contra figuras del viejo poder.
El documental de Peña no es solo una defensa de una obra fallida. Es una advertencia: el expresidente busca fijar una narrativa antes de que la justicia, con nuevos jueces y otras condiciones políticas, toque a su puerta. No hay pruebas, insiste. No hubo corrupción, reitera. Pero su insistencia no disipa las dudas; las reactiva.
Mientras tanto, Peña sigue entre España y República Dominicana, lejos del país que gobernó. Su imagen pública se desvanece, pero sus palabras intentan dejar huella justo cuando los mecanismos institucionales para llamarlo a cuentas empiezan a funcionar con mayor independencia.
Solo el tiempo, los procesos auditorios y los tribunales podrán cerrar el capítulo del NAIM. En el horizonte se vislumbra la posibilidad de que quienes promovieron, autorizaron o lucraron con ese proyecto, rindan cuentas.
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