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Rebela filtración de documentos, negocios ocultos de políticos y empresarios mexicanos

Ilustración: CNN

 Una filtración con alrededor de 11,9 millones de documentos revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo, entre ellos más de 3 mil mexicanos recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales.

De acuerdo con EL PAÍS Entre los personajes que figuran en los Papeles de Pandora, (como le llaman a la última investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)  están los nombres de Julio Scherer exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.

El alcance de los documentos es amplio e incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.

Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador que renunció el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes en donde tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

Arganis, que llegó al Gabinete de López Obrador para sustituir a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general.

La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario. Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.

En la cartera de clientes de Stanford también figuraba Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.

Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración.

El senador Armando Guadiana, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el Gobierno, también aparece junto a su familia como cliente de Stanford. El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero en el norte del país, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50.000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.

Empresarios y aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y yates.

 Estos entramados financieros les permitieron resguardar sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles.

Invertir y crear empresas en paraísos fiscales no es un delito. Sin embargo, en el menú de servicios financieros offshore prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean.

 “Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas”, señala la organización Tax Justice Project. Ahí es cuando la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa. “

Se supone que a través de la figura del fideicomiso o de la offshore [la idea] es esconder papel tras papel tras papel a quién pertenece realmente”, apunta Iván Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de México. El abogado Luis Pérez de Acha señala que a menudo se justifican estas operaciones como “dinero legalmente oculto” para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en países con índices delictivos como México.

Sin embargo, estas estructuras suelen ser tan opacas que pueden convertirse en campo fértil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupción. “Son empresas fantasma”, afirma Pérez de Acha, “el rastreo del dinero por parte de los gobiernos se complica bastante”.

Aunque México cuenta con acuerdos de intercambio de información fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, es poco común que ocurran este tipo de peticiones. Fuentes diplomáticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.

¿Qué son las sociedades offshore?

Las sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en que residen sus beneficiarios. Tienen un claro papel en la economía mundial.

El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio publicado en 2017 estimó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore.

Con información de El País.

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