Recomendación a PGJEM por actos tortura

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 13/2015 a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM), para investigar a un perito y un policía ministerial por posibles actos arbitrarios y posiblemente constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la Codhem tres policías ministeriales detuvieron en Acolman a tres hombres que viajaban a bordo de un automóvil, a quienes acusaron de robar en una tienda de conveniencia ubicada en Ecatepec. Los tres detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien no reportó las lesiones que presentaban,
abril 26, 2015

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 13/2015 a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM), para investigar a un perito y un policía ministerial por posibles actos arbitrarios y posiblemente constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De acuerdo con la Codhem tres policías ministeriales detuvieron en Acolman a tres hombres que viajaban a bordo de un automóvil, a quienes acusaron de robar en una tienda de conveniencia ubicada en Ecatepec.

Los tres detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien no reportó las lesiones que presentaban, ni solicitó que el médico legista les realizara la revisión física; en presencia de los agentes, sólo preguntó a los detenidos su estado físico, lo cual se tradujo como un acto intimidatorio que tenía como fin ocultar las agresiones de que fueron sujetos.

Posteriormente el abogado de los detenidos, pidió la revisión médica y el perito informó la existencia de lesiones físicas, lo cual denotó que pudieron perpetrarse acciones contrarias a la legalidad, transgrediendo la integridad física de las tres personas.

Ante estos hechos la Codhem pidió a la Procuraduría investigar a los servidores públicos involucrados.

Recomendó profesionalizar a los servidores públicos sobre el protocolo de actuación en la investigación del delito de robo; implementar una política de protección y respeto al principio de seguridad jurídica, debida diligencia y deber de cuidado; y aplicar evaluaciones de control de confianza a los servidores públicos.

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