Toluca, México; 31 de julio de 2018. La Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 1.5 millones de dólares por información que facilite la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, dos auditores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desaparecieron el 21 de junio de 2016 en el municipio de Tlatlaya.
La dependencia federal indicó en el comunicado 812/18 que en 2016 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una carpeta de investigación por los delitos de secuestro y los que resulten en agravio de los funcionarios federales.
Hace dos años, el entonces titular del SAT, Aristóteles Núñez, informó que los empleados habían acudido a Tlatlaya a notificar una multa a un extranjero; no obstante, el lugar donde entregarían la notificación era un predio abandonado desde el 2012.
Las autoridades han informado que Arochi y Ortega se detuvieron en una gasolinera en Toluca, y después continuaron su trayecto en Temascaltepec y Tejupilco.
El municipio de Tlatlaya es rico en recursos minerales, entre ellos el oro y el uranio, por lo que su territorio ha sido fraccionado en seis grandes concesiones, entregadas a mineras trasnacionales para su explotación.
La zona es un bastión importante de la organización La Familia Michoacana, bajo el liderazgo de Johny Hurtado Olascoaga, “El Fish”. En 2014, militares asesinaron a 22 personas en una bodega en San Pedro Limón de ese municipio.
El exgobernador Eruviel Ávila informó en aquella ocasión que la acción había sido una medida del Ejército para abatir a delincuentes; no obstante, otras versiones indican que la mayoría de los asesinados eran defensores de la tierra contra las empresas mineras extranjeras.
