La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha entrado en una etapa de transición institucional marcada por la incertidumbre; tras la suspensión del proceso de elección de rectora y el aplazamiento de la auscultación cuantitativa, el Consejo Universitario anunció que el próximo 14 de mayo se nombrará a una autoridad interina.
La figura que asumirá la conducción temporal del máximo cargo universitario será una persona encargada del despacho, tal como lo establece el artículo 119 del Estatuto Universitario, que indica lo siguiente:
“En caso de ausencia definitiva del Rector o del Director, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de la Universidad, sustanciándolo en un término no mayor de tres meses desde la declaración de ausencia definitiva.
V. En tanto se sustancia la ausencia definitiva del Rector, el Consejo Universitario designará un encargado del despacho, de entre la terna propuesta por una tercera parte de sus integrantes.”

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Estas normas son los únicos instrumentos jurídicos que permiten dar cauce a un escenario excepcional, en el que confluyen un paro estudiantil sin precedentes, y una conducción institucional debilitada por la ausencia prolongada del actual rector.
Normas claras, contexto incierto
En entrevista con AD Noticias, la abogada general de la UAEMéx reconoció que, si bien existe una base legal, el marco vigente no contempla las complejidades del momento actual. Por ello, subrayó, será responsabilidad del Consejo Universitario interpretar la normativa de forma extraordinaria para preservar la gobernabilidad institucional.
El rector Carlos Eduardo Barrera Díaz dejará el cargo el próximo 14 de mayo. Pero, al haberse pospuesto el proceso electoral hasta el 31 de mayo —y condicionado a que existan las condiciones para su realización—, la Universidad quedará, desde esa fecha, bajo una administración interina.
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Aunque jurídicamente respaldada, esta medida abre un nuevo capítulo en la historia reciente de la UAEMéx: el de una universidad obligada a navegar entre sus propias reglas y una crisis que exige voluntad política, interpretación legal y liderazgo efectivo.


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