El Congreso del Estado de México se suma al debate por una reforma que busca reducir los privilegios partidistas y devolver poder a la ciudadanía. Morena defiende que la democracia debe costar menos y representar más.
La reforma electoral que impulsa Morena en el país ha encontrado eco en el Congreso mexiquense. Su propósito, según sus defensores, es desmontar un sistema que durante décadas concentró el poder político y presupuestal en los partidos, alejándolos de la ciudadanía.
Carlos Imm, diputado morenista, sostiene que la iniciativa “hace justicia al pueblo”, al poner fin a los excesos en el financiamiento público.
“No se puede hablar de democracia cuando los partidos reciben recursos millonarios mientras millones de familias enfrentan carencias”, afirmó.
Su compañera de bancada, Itzel Daniela Ballesteros, coincidió en que es necesario revisar el uso del dinero público.
“Reducir el gasto partidista no debilita la democracia, la dignifica. Es momento de abrir las instituciones a la participación real de la gente”, señaló.
La propuesta incluye que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular, medida que busca fortalecer la confianza en las autoridades que organizan los comicios. Para Morena, se trata de devolver a la ciudadanía la capacidad de decidir quién cuenta sus votos, sin intermediarios ni cuotas partidistas.
El debate no está exento de críticas. Algunos sectores advierten que la elección directa podría poner en riesgo la autonomía de los organismos electorales. Pero para los legisladores de la 4T, la prioridad es romper con un modelo costoso y burocrático.
En el Edomex, donde los partidos políticos recibirán más de mil millones de pesos en 2026, pese a que no habrá elecciones, la reforma plantea una pregunta de fondo: ¿puede una democracia sostener su credibilidad cuando cuesta más de lo que representa?
¿Cuáles son los principales cambios de la reforma electoral?
- Se propone que los consejeros del INE sean elegidos mediante sufragio, en lugar de la designación actual. Esto, con el argumento de aumentar la legitimidad y la participación ciudadana.
- Reducción del presupuesto del INE y de los partidos políticos.
- Modificación del sistema de representación proporcional y posible eliminación de diputados plurinominales.
- Transformación del sistema de partidos y candidaturas.
- Mayor control o cambios en la estructura del árbitro electoral.
- Nuevo procedimientos para la elección de personas juezas y magistradas.
- Un modelo que permita mayor transparencia y control en los registros del personal del Poder Judicial.
- Reestructuración orgánica del Tribunal Superior de Justicia, mediante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en sustitución del actual Consejo de la Judicatura.
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